Wednesday, February 28, 2007
Respaldo entrerriano a la custodia militar del Iberá
El diputado nacional y ex intendente de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino, advirtió que no es ningún desatino custodiar con el Ejército las reservas de agua dulce del país. Tiñó de sospechas a Botnia
El plan estratégico trazado por el Ejército en defensa de los recursos naturales, entre ellos los Esteros del Iberá, recibió el respaldo de un legislador entrerriano que hace poco reveló una maniobra de la papelera Botnia, instalada en Fray Bentos (Uruguay) para transportar agua dulce a Finlandia.Se trata del diputado nacional Emilio Martínez Garbino, de la Concertación Entrerriana, para quien la custodia de los recursos naturales y en particular el agua dulce por parte de las Fuerzas Armadas constituye un acierto.Según publicó ayer el diario porteño La Nación, Martínez Garbino reclamó la formulación de una Política Nacional del Agua que contemple la defensa de ese recurso natural estratégico, “tan importante o más que el petróleo”.“Sin ninguna guerra, en la década del 90 perdimos el petróleo. No perdamos ahora el agua”, expresó el legislador en respaldo del plan del Ministerio de Defensa que difundió el diario porteño el fin de semana, que prevé que las Fuerzas Armadas se abocarán a resguardar los recursos naturales de eventuales intentos de apropiación o usufructo ilegal.En ese marco, el Ejército argentino cambió su hipótesis de conflicto y produjo un cambio doctrinario que apunta ahora a la amenaza potencial por parte de potencias con superioridad tecnológica interesadas en, por ejemplo, la gran reserva de agua dulce que posee el país en la porción del Acuífero Guaraní que es abarcada por el territorio nacional.Allí aparecen incluidos los Esteros del Iberá, que el Ejército se encargará de reguardar con más celo a través de la refuncionalización de sus cuarteles de Curuzú Cuatiá, donde comenzó a ser trasladado el comando del II Cuerpo con asiento en Rosario.El plan del Ministerio de Defensa que reasigna tareas al Ejército en tiempos de paz, llamado “La guerra por los recursos”, contempla la posibilidad de que fuerzas extranjeras intenten en algún momento aprovechar clandestinamente las riquezas naturales del país, entre las que el agua dulce adquiere cada vez mayor importancia en virtud de su escasez a nivel global.La presencia militar en la zona de los Esteros, sin embargo, mereció críticas de los productores ganaderos de esa parte de la provincia, que consideraron la medida como un error político del gobierno nacional.El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales –según publicó anteayer La República– fue uno de los referentes del campo que salió a objetar el patrullaje del Ejército. “No es con militares sino con leyes adecuadas a los tiempos que corren que debemos defender nuestros Esteros”, sostuvo Ricardo Mathó Meabe.Con la nueva estrategia militar, contrastan, además, las teorías benévolas sobre la compra de tierras en el Iberá por parte del millonario norteamericano Douglas Tompkins, cuyos defensores sostienen que sería imposible instalar un acueducto secreto para “chupar” agua de las lagunas y sacarla así del país.Fuente: La República
http://www.mega24.com.ar/enlace.php?idn=16892
El plan estratégico trazado por el Ejército en defensa de los recursos naturales, entre ellos los Esteros del Iberá, recibió el respaldo de un legislador entrerriano que hace poco reveló una maniobra de la papelera Botnia, instalada en Fray Bentos (Uruguay) para transportar agua dulce a Finlandia.Se trata del diputado nacional Emilio Martínez Garbino, de la Concertación Entrerriana, para quien la custodia de los recursos naturales y en particular el agua dulce por parte de las Fuerzas Armadas constituye un acierto.Según publicó ayer el diario porteño La Nación, Martínez Garbino reclamó la formulación de una Política Nacional del Agua que contemple la defensa de ese recurso natural estratégico, “tan importante o más que el petróleo”.“Sin ninguna guerra, en la década del 90 perdimos el petróleo. No perdamos ahora el agua”, expresó el legislador en respaldo del plan del Ministerio de Defensa que difundió el diario porteño el fin de semana, que prevé que las Fuerzas Armadas se abocarán a resguardar los recursos naturales de eventuales intentos de apropiación o usufructo ilegal.En ese marco, el Ejército argentino cambió su hipótesis de conflicto y produjo un cambio doctrinario que apunta ahora a la amenaza potencial por parte de potencias con superioridad tecnológica interesadas en, por ejemplo, la gran reserva de agua dulce que posee el país en la porción del Acuífero Guaraní que es abarcada por el territorio nacional.Allí aparecen incluidos los Esteros del Iberá, que el Ejército se encargará de reguardar con más celo a través de la refuncionalización de sus cuarteles de Curuzú Cuatiá, donde comenzó a ser trasladado el comando del II Cuerpo con asiento en Rosario.El plan del Ministerio de Defensa que reasigna tareas al Ejército en tiempos de paz, llamado “La guerra por los recursos”, contempla la posibilidad de que fuerzas extranjeras intenten en algún momento aprovechar clandestinamente las riquezas naturales del país, entre las que el agua dulce adquiere cada vez mayor importancia en virtud de su escasez a nivel global.La presencia militar en la zona de los Esteros, sin embargo, mereció críticas de los productores ganaderos de esa parte de la provincia, que consideraron la medida como un error político del gobierno nacional.El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales –según publicó anteayer La República– fue uno de los referentes del campo que salió a objetar el patrullaje del Ejército. “No es con militares sino con leyes adecuadas a los tiempos que corren que debemos defender nuestros Esteros”, sostuvo Ricardo Mathó Meabe.Con la nueva estrategia militar, contrastan, además, las teorías benévolas sobre la compra de tierras en el Iberá por parte del millonario norteamericano Douglas Tompkins, cuyos defensores sostienen que sería imposible instalar un acueducto secreto para “chupar” agua de las lagunas y sacarla así del país.Fuente: La República
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Monday, February 26, 2007
Guerra de recursos: el Ejército defenderá la naturaleza
Las Fuerzas Armadas Argentinas se proponen proteger las reservas de agua dulce, consideradas un bien escaso en el mundo. Modificarán la localización de las bases militares y contratarán a reservistas civiles
Controlar la guerra por los recursos naturales. Ese será el objetivo que el Ejército intentará alcanzar. Ya que vislumbra que con el correr de las décadas en Argentina se profundizará el conflicto por el agua dulce, considerada un bien escaso por las pocas reservas existentes en el mundo. El Ejército Argentino denominó oficialmente esta nueva doctrina militar como “La guerra por los recursos”. Para llevar a cabo ese operativo cambió este año sus normas de combate, mediante un trabajo teórico que proyectó las posibles amenazas hasta el año 2025. De acuerdo a un informe publicado en el diario La Nación, los planes militares en lo inmediato implicarán el cambio de ubicación de los comandos de los tres cuerpos de Ejército y la creación de unidades menores, en un período de tres años. Según los planes, la defensa de los recursos naturales deberá hacerse, llegado el caso, ante una fuerza enemiga superior en tecnología, cantidad de tropas y poder de fuego. Ante la eventualidad de tener que enfrentar a una potencia, se prevén respuestas defensivas que, en teoría, incluyen hasta la guerra de guerrillas para hostigar a la fuerza invasora.
Controlar la guerra por los recursos naturales. Ese será el objetivo que el Ejército intentará alcanzar. Ya que vislumbra que con el correr de las décadas en Argentina se profundizará el conflicto por el agua dulce, considerada un bien escaso por las pocas reservas existentes en el mundo. El Ejército Argentino denominó oficialmente esta nueva doctrina militar como “La guerra por los recursos”. Para llevar a cabo ese operativo cambió este año sus normas de combate, mediante un trabajo teórico que proyectó las posibles amenazas hasta el año 2025. De acuerdo a un informe publicado en el diario La Nación, los planes militares en lo inmediato implicarán el cambio de ubicación de los comandos de los tres cuerpos de Ejército y la creación de unidades menores, en un período de tres años. Según los planes, la defensa de los recursos naturales deberá hacerse, llegado el caso, ante una fuerza enemiga superior en tecnología, cantidad de tropas y poder de fuego. Ante la eventualidad de tener que enfrentar a una potencia, se prevén respuestas defensivas que, en teoría, incluyen hasta la guerra de guerrillas para hostigar a la fuerza invasora.
Wednesday, February 21, 2007
Nuestras aguas publicas, otra fuente de corrupción
11:03) – El autor de esta nota cuestiona la concesión de los ambientes acuáticos “a los amigos del poder de turno”, en “perjuicio de la gran mayoría de los fueguinos” a partir de la concesión del coto de pesca del río Irigoyen. En esa línea, analiza el manejo de los recursos naturales como la peca de altura, la minería, los bosques y el petróleo cuyas concesiones de aprovechamiento tienen a la corrupción como factor común. Como salida, el autor propone aprovechar las próximas elecciones para fomentar el acceso de funcionarios honestos.
20-2-2007 - (11:03) - A diario, los fueguinos podemos observar diferentes noticias referidas al manejo de la cosa Pública, me refiero al manejo presupuestario, a la relación Gobierno / Gremios y sus conflictos casi permanentes por la puja salarial, a los recursos naturales y demás temas referidos a la economía de orden provincial, sin olvidarnos de la relación Justicia / Gobierno que generalmente no provoca noticias de relevancia (entre la mayoría de los medios Fueguinos), ya sea por la excelente relación entre ambos o la comunión de intereses que los funcionarios de ambas instituciones mantienen. Tampoco es desconocido para la mayoría de los fueguinos, la ¨calidad¨ de los funcionarios que esta joven provincia ha venido soportando, individuos que sin tapujos, ostentan el incremento de sus patrimonios personales mientras por otro lado la provincia ha venido aumentando su endeudamiento presupuestario, concediendo de manera ilegal e inconveniente sus recursos naturales y dependiendo peligrosamente cada vez más de los recursos coparticipables del orden Nacional. Seguramente según el ojo con el que se mire y el/los medios elegidos, serán de interés del lector en cada tema mencionado entre otros de diferente índole. Lo cierto y concreto es que nuestra economía provincial va cuesta abajo debido a los desmanejos e intereses sectarios que dicha distribución ha venido sosteniendo, con algún nuevo beneficiario particular según los ¨amigos del Gobierno de turno¨. En este orden de las cosas, los ríos y lagos de la provincia no escapan a la corruptela generalizada, por cuanto han sido y continúan siendo manejadas por inescrupulosos privilegiados que el primer Gobierno de José Estabillo generó y la inoperancia o corruptela de los Gobiernos sucesores de éste hasta el presente. En este tema también se viola nuestra Constitución y las leyes reglamentarias, por más que sea un tema menor. Se viola nuestra Carta Magna por la forma en que se concesionó mediante el Articulo 11º del decreto 765/94, anulando derechos comunes en relación a la cosa pública, sin dejar de lado el enorme perjuicio económico que se viene generando a toda la población de la Provincia desde entonces hasta el presente. Pero -preguntaría doña María o don José- ¿qué tengo que ver yo con las aguas de la provincia, si nosotros no pescamos ni nuestro trabajo depende de ello? La respuesta es simple: Así como los resultados del manejo de los recursos no renovables como el petróleo, la minería, ó los recursos renovables como el recurso boscoso y el pesquero de altura entre otros pueden impactar de manera negativa en caso de un mal aprovechamiento y ello nos afecta directamente más tarde o temprano de lo que suponemos. De igual manera el aprovechamiento de las aguas públicas que tengan usos de interés general, como las nuestras que tienen atractivo Turístico por la pesca deportiva, viene impactando negativamente sobre nuestra economía. Si luego de una profunda discusión entre el Estado y los sectores correspondientes (que nunca ha podido darse hasta el presente) concordamos que el aprovechamiento integral de nuestras aguas puede generar más de 50 millones de dólares anuales solamente con la pesca deportiva (hoy obtenemos solamente un 20% de ello, los cuales no impactan en la economía por su aprovechamiento ilegal, es decir, en negro), seguramente doña María o Don José comprenderán que no solamente se están llevando unos pocos avivados nuestra riqueza con la ayuda de los funcionarios corruptos, sino que están impidiendo el aprovechamiento de más del 70% de los recursos que aún hoy disponemos (ambientes acuáticos sin aprovechar), quitando la posibilidad de trabajo a cientos de jóvenes y un importante aporte a la independencia económica que la Isla puede lograr con un manejo ajustado a la Constitución y leyes reglamentarias. Y en esto de hablar de los funcionarios, no excluimos a la Justicia, quienes tienen mucho que ver con la defensa de la legalidad y del interés general. Como ejemplo pequeño pero concreto, puedo citar el caso Judicial del Coto sobre el Río Irigoyen, sobre el cual la Jueza de Primera Instancia falló a favor del operador turístico, en cambio en diciembre pasado, la Cámara de Apelaciones, con la firma de Ernesto Löffler, Josefa Martín y Francisco Justo de la Torre, fallaron en contrario otorgando el derecho a usufructuar el coto público al nuevo estanciero lindante al río, sin medir las consecuencias de tal fallo contrario a los intereses generales de la provincia. Y digo contrario al interés general por cuanto, sujetar nuestras aguas públicas al interés particular del privado lindero, implica decidir que el 70% de los ambientes acuáticos de la provincia no podrán ser utilizadas turisticamente en beneficio general por estar sujetas al interés del propietario lindero a las aguas públicas por sobre el interés general; que todos estos ambientes incluido el Irigoyen, son compartidos por dos o más propietarios privados y por consiguiente, el interés económico de estos privados traduce en inviable el desarrollo de la actividad de operadores turísticos, ya sea por el inconveniente de soportar el incremento indebido de costos innecesarios como por la imposición de diversos condicionantes. Cuando en realidad, lo correcto y legal es que el Estado concesione todos los ambientes con el criterio de cuenca, directamente a los operadores turísticos para que sean atractivos a la inversión turística, evitando así la monopolización de la oferta que actualmente dispone nuestra pesca deportiva sobre el río Grande. Por otro lado, se habla tanto de las Garantías Jurídicas, ¿de quiénes en este caso? de los empresarios corruptos y amigos del poder ¿O de los empresarios Turísticos o del Pueblo de la provincia que vio cercenada su derecho a participar de tles concesiones?. El citado caso de coto Irigoyen tiene las mismas implicancias, ya que el operador turístico fue quien invirtió y desarrolló el ambiente público para que hoy, el propietario lindero sea graciosamente beneficiado por los Jueces de Cámara. No todos saben que el ¨nuevo dueño¨ de la estancia María Luisa es el archi conocido pseudo empresario Eddie Vargas y ¨sus empresas¨ agrupadas bajo la denominación ¨grupo APEX¨, tampoco son muy conocidas las vinculaciones amistosas entre este señor y la familia Löffler, incluyendo al camarista Ernesto Löffler y algunos funcionarios enrolados en las filas del MPF o del Justicialismo, como tampoco las afinidades deudoras al banco provincial junto al actual vice-gobernador a cargo del Ejecutivo provincial, quienes ostentan el ¨privilegio” de ser los mayores deudores del Fondo Residual. Tampoco debemos quitar la responsabilidad que le cabe al Ejecutivo municipal, por su silencio cómplice para mantener el interés de unos pocos en lugar de proponer y fomentar, desde mucho tiempo atrás, una seria discusión sobre el tema y fomentar el respeto a las leyes vigentes que sin duda alguna, será beneficio de la gran mayoría del pueblo de Río Grande. Así son las cosas querido lector/a, estas nimiedades son determinantes a la hora de impartir Justicia en nuestra provincia, me refiero a las amistades que pugnan por instalar a los amigos en sillones del poder para beneficiarse de una u otra manera, sin olvidar a los funcionarios adictos a dictámenes sectarios ni a Políticos que ganan elecciones con un discurso mentiroso para luego hacer todo lo contrario al interés general. En el caso Irigoyen falta la definición del Superior Tribunal de ¨Justicia¨ provincial, de quienes por obvias razones me reservo opinión previa en este caso, y me remito estimado lector, a la historia reciente del mismo y sus fallos. Mientras en la Legislatura, las prioridades de algunos pocos legisladores continúa siendo la defensa del salario del trabajador estatal entre otros temas de estricto orden público como único norte, y para la mayoría de los legisladores la defensa a ultranza de los privilegios de sus amigos. Pero volviendo a lo que si saben seguramente doña María y Don José, es que con estos Políticos corruptos, cambiar nada de esto es posible; y ahí coincidiremos seguramente en que llego la hora del cambio, eligiendo a nuevos funcionarios honestos y comprometidos con el interés de todos, que no privilegien a sus amigos y que no roben ostentando luego los frutos de sus asaltos con guante blanco. Renasa, recursos forestales en peligro con poca distribución, aguas y espacios públicos con fines turísticos subdesarrolladas y con algunas concesiones a los amigos del poder, minerales de gran valor esperando ser explotados, recursos del mar extraídos descontroladamente por empresas foráneas de los ¨amigos del poder¨ y gran parte de dichos recursos sin aprovechamiento, campos privados que están subexplotados y pagan menos impuesto rural que muchas viviendas de cualquier ciudad fueguina, además de los recursos en efectivo que la ¨Caja del Estado¨, mal distribuye año tras año mediante el presupuesto provincial incrementando la dependencia de los ingresos nacionales y la necesidad de transformar a nuestros funcionarios en perfectos lametrastres del nivel nacional para obtener más recursos dinerarios y florear esto, como un gran logro de la política local. ¿Es esto lo que anhelamos los fueguinos de bien? ¿Seguir votando a víboras que se arrastren mejor para obtener mayores ventajas? ¿o preferimos a funcionarios honestos y capaces que desarrollen una provincia seria, económicamente independiente y con justa distribución de la riqueza? Creo que llegó el tiempo de reflexionar y votar en consecuencia. Nuestra capacidad de elegir será el resultado que beneficie o perjudique a nuestros hijos y nietos. Por Dan Pereira
http://www.botellaalmar.com.ar/detalle_nota.php?Id=8265&tipo=2
20-2-2007 - (11:03) - A diario, los fueguinos podemos observar diferentes noticias referidas al manejo de la cosa Pública, me refiero al manejo presupuestario, a la relación Gobierno / Gremios y sus conflictos casi permanentes por la puja salarial, a los recursos naturales y demás temas referidos a la economía de orden provincial, sin olvidarnos de la relación Justicia / Gobierno que generalmente no provoca noticias de relevancia (entre la mayoría de los medios Fueguinos), ya sea por la excelente relación entre ambos o la comunión de intereses que los funcionarios de ambas instituciones mantienen. Tampoco es desconocido para la mayoría de los fueguinos, la ¨calidad¨ de los funcionarios que esta joven provincia ha venido soportando, individuos que sin tapujos, ostentan el incremento de sus patrimonios personales mientras por otro lado la provincia ha venido aumentando su endeudamiento presupuestario, concediendo de manera ilegal e inconveniente sus recursos naturales y dependiendo peligrosamente cada vez más de los recursos coparticipables del orden Nacional. Seguramente según el ojo con el que se mire y el/los medios elegidos, serán de interés del lector en cada tema mencionado entre otros de diferente índole. Lo cierto y concreto es que nuestra economía provincial va cuesta abajo debido a los desmanejos e intereses sectarios que dicha distribución ha venido sosteniendo, con algún nuevo beneficiario particular según los ¨amigos del Gobierno de turno¨. En este orden de las cosas, los ríos y lagos de la provincia no escapan a la corruptela generalizada, por cuanto han sido y continúan siendo manejadas por inescrupulosos privilegiados que el primer Gobierno de José Estabillo generó y la inoperancia o corruptela de los Gobiernos sucesores de éste hasta el presente. En este tema también se viola nuestra Constitución y las leyes reglamentarias, por más que sea un tema menor. Se viola nuestra Carta Magna por la forma en que se concesionó mediante el Articulo 11º del decreto 765/94, anulando derechos comunes en relación a la cosa pública, sin dejar de lado el enorme perjuicio económico que se viene generando a toda la población de la Provincia desde entonces hasta el presente. Pero -preguntaría doña María o don José- ¿qué tengo que ver yo con las aguas de la provincia, si nosotros no pescamos ni nuestro trabajo depende de ello? La respuesta es simple: Así como los resultados del manejo de los recursos no renovables como el petróleo, la minería, ó los recursos renovables como el recurso boscoso y el pesquero de altura entre otros pueden impactar de manera negativa en caso de un mal aprovechamiento y ello nos afecta directamente más tarde o temprano de lo que suponemos. De igual manera el aprovechamiento de las aguas públicas que tengan usos de interés general, como las nuestras que tienen atractivo Turístico por la pesca deportiva, viene impactando negativamente sobre nuestra economía. Si luego de una profunda discusión entre el Estado y los sectores correspondientes (que nunca ha podido darse hasta el presente) concordamos que el aprovechamiento integral de nuestras aguas puede generar más de 50 millones de dólares anuales solamente con la pesca deportiva (hoy obtenemos solamente un 20% de ello, los cuales no impactan en la economía por su aprovechamiento ilegal, es decir, en negro), seguramente doña María o Don José comprenderán que no solamente se están llevando unos pocos avivados nuestra riqueza con la ayuda de los funcionarios corruptos, sino que están impidiendo el aprovechamiento de más del 70% de los recursos que aún hoy disponemos (ambientes acuáticos sin aprovechar), quitando la posibilidad de trabajo a cientos de jóvenes y un importante aporte a la independencia económica que la Isla puede lograr con un manejo ajustado a la Constitución y leyes reglamentarias. Y en esto de hablar de los funcionarios, no excluimos a la Justicia, quienes tienen mucho que ver con la defensa de la legalidad y del interés general. Como ejemplo pequeño pero concreto, puedo citar el caso Judicial del Coto sobre el Río Irigoyen, sobre el cual la Jueza de Primera Instancia falló a favor del operador turístico, en cambio en diciembre pasado, la Cámara de Apelaciones, con la firma de Ernesto Löffler, Josefa Martín y Francisco Justo de la Torre, fallaron en contrario otorgando el derecho a usufructuar el coto público al nuevo estanciero lindante al río, sin medir las consecuencias de tal fallo contrario a los intereses generales de la provincia. Y digo contrario al interés general por cuanto, sujetar nuestras aguas públicas al interés particular del privado lindero, implica decidir que el 70% de los ambientes acuáticos de la provincia no podrán ser utilizadas turisticamente en beneficio general por estar sujetas al interés del propietario lindero a las aguas públicas por sobre el interés general; que todos estos ambientes incluido el Irigoyen, son compartidos por dos o más propietarios privados y por consiguiente, el interés económico de estos privados traduce en inviable el desarrollo de la actividad de operadores turísticos, ya sea por el inconveniente de soportar el incremento indebido de costos innecesarios como por la imposición de diversos condicionantes. Cuando en realidad, lo correcto y legal es que el Estado concesione todos los ambientes con el criterio de cuenca, directamente a los operadores turísticos para que sean atractivos a la inversión turística, evitando así la monopolización de la oferta que actualmente dispone nuestra pesca deportiva sobre el río Grande. Por otro lado, se habla tanto de las Garantías Jurídicas, ¿de quiénes en este caso? de los empresarios corruptos y amigos del poder ¿O de los empresarios Turísticos o del Pueblo de la provincia que vio cercenada su derecho a participar de tles concesiones?. El citado caso de coto Irigoyen tiene las mismas implicancias, ya que el operador turístico fue quien invirtió y desarrolló el ambiente público para que hoy, el propietario lindero sea graciosamente beneficiado por los Jueces de Cámara. No todos saben que el ¨nuevo dueño¨ de la estancia María Luisa es el archi conocido pseudo empresario Eddie Vargas y ¨sus empresas¨ agrupadas bajo la denominación ¨grupo APEX¨, tampoco son muy conocidas las vinculaciones amistosas entre este señor y la familia Löffler, incluyendo al camarista Ernesto Löffler y algunos funcionarios enrolados en las filas del MPF o del Justicialismo, como tampoco las afinidades deudoras al banco provincial junto al actual vice-gobernador a cargo del Ejecutivo provincial, quienes ostentan el ¨privilegio” de ser los mayores deudores del Fondo Residual. Tampoco debemos quitar la responsabilidad que le cabe al Ejecutivo municipal, por su silencio cómplice para mantener el interés de unos pocos en lugar de proponer y fomentar, desde mucho tiempo atrás, una seria discusión sobre el tema y fomentar el respeto a las leyes vigentes que sin duda alguna, será beneficio de la gran mayoría del pueblo de Río Grande. Así son las cosas querido lector/a, estas nimiedades son determinantes a la hora de impartir Justicia en nuestra provincia, me refiero a las amistades que pugnan por instalar a los amigos en sillones del poder para beneficiarse de una u otra manera, sin olvidar a los funcionarios adictos a dictámenes sectarios ni a Políticos que ganan elecciones con un discurso mentiroso para luego hacer todo lo contrario al interés general. En el caso Irigoyen falta la definición del Superior Tribunal de ¨Justicia¨ provincial, de quienes por obvias razones me reservo opinión previa en este caso, y me remito estimado lector, a la historia reciente del mismo y sus fallos. Mientras en la Legislatura, las prioridades de algunos pocos legisladores continúa siendo la defensa del salario del trabajador estatal entre otros temas de estricto orden público como único norte, y para la mayoría de los legisladores la defensa a ultranza de los privilegios de sus amigos. Pero volviendo a lo que si saben seguramente doña María y Don José, es que con estos Políticos corruptos, cambiar nada de esto es posible; y ahí coincidiremos seguramente en que llego la hora del cambio, eligiendo a nuevos funcionarios honestos y comprometidos con el interés de todos, que no privilegien a sus amigos y que no roben ostentando luego los frutos de sus asaltos con guante blanco. Renasa, recursos forestales en peligro con poca distribución, aguas y espacios públicos con fines turísticos subdesarrolladas y con algunas concesiones a los amigos del poder, minerales de gran valor esperando ser explotados, recursos del mar extraídos descontroladamente por empresas foráneas de los ¨amigos del poder¨ y gran parte de dichos recursos sin aprovechamiento, campos privados que están subexplotados y pagan menos impuesto rural que muchas viviendas de cualquier ciudad fueguina, además de los recursos en efectivo que la ¨Caja del Estado¨, mal distribuye año tras año mediante el presupuesto provincial incrementando la dependencia de los ingresos nacionales y la necesidad de transformar a nuestros funcionarios en perfectos lametrastres del nivel nacional para obtener más recursos dinerarios y florear esto, como un gran logro de la política local. ¿Es esto lo que anhelamos los fueguinos de bien? ¿Seguir votando a víboras que se arrastren mejor para obtener mayores ventajas? ¿o preferimos a funcionarios honestos y capaces que desarrollen una provincia seria, económicamente independiente y con justa distribución de la riqueza? Creo que llegó el tiempo de reflexionar y votar en consecuencia. Nuestra capacidad de elegir será el resultado que beneficie o perjudique a nuestros hijos y nietos. Por Dan Pereira
http://www.botellaalmar.com.ar/detalle_nota.php?Id=8265&tipo=2
VIENEN POR EL AGUA... ¡Y POR LA LECHE!
PERO SON DOS MANERAS DISTINTAS DE VENIR POR ALGO. Por algo de tan singular importancia para la sobrevivencia. Todos sabemos que el agua es un recurso único, excepcional; no puede ser comparado por sus prestaciones al ser humano, sus connotaciones simbólicas y emocionales con ningún otro recurso natural. “Es la gran singularidad cósmica de la Tierra, origen y sostén de toda manifestación de vida en ella. Es patrimonio de naturaleza”.“Es el soporte de toda actividad biosférica. El agua entra y sale, en permanente flujo, de las más recónditas células de cada organismo; es el constituyente de todos los fluidos fisiológicos. Los seres vivos la necesitan diariamente en proporción relevante a su propia masa corporal, porque todos la eliminan de manera continua a través del sudor, la orina, las heces y la respiración en cantidades que a muy corto plazo deben reponer; por eso es el agua el componente cualitativa y cuantitativamente más importante de la ingesta de todo ser vivo”. Y es por el agua que brota uno de los mayores conflictos geopolíticos del siglo XXI. Los estudios dictaminan que en el año 2025, la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana será un cincuenta y seis por ciento (56%) superior que el suministro y por lo tanto quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado.Hoy, habiendo llegado a una población mundial del orden de los, aproximadamente, 6.500 millones de seres humanos, se estaría necesitando un veinte por ciento (20%) más de agua. ¿Qué es el agua? ¿Un bien comerciable? ¿un commodity? (materia prima o a granel como la soja o el café) o ¿es un bien social?. ¡Es un bien social vinculado estrechamente al derecho a la vida! 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua potable, y otros 2.400 millones de habitantes del planeta no tienen acceso a un saneamiento adecuado. Más de 2.200 millones de habitantes de los países periféricos, la mayoría niños, mueren todos los años de enfermedades asociadas con la falta de agua potable, saneamiento adecuado e higiene. Y casi la mitad de los habitantes de los países en desarrollo sufren enfermedades provocadas, directa o indirectamente, por el consumo de agua o alimentos contaminados, o por los organismos causantes de enfermedades que se desarrollan en el agua. Los expertos determinan que “con suministros suficientes de agua potable y saneamiento adecuado, la incidencia de algunas enfermedades y la muerte podrían reducirse hasta un 75 por ciento”. La administración del agua es un negocio para muchas corporaciones: represas, canales de irrigación, tecnologías de purificación y de desalinización, sistemas de alcantarillado y tratamientos de aguas residuales, como así el embotellamiento, que supera en ganancias a la industria farmacéutica. El origen de la comercialización del agua hay que buscarla en Noviembre de 2001, cuando los recursos naturales al igual que la salud y la educación, empezaron a ser objeto de negociaciones en la OMC (Organización Mundial de Comercio). La declaración “Salvemos al agua de la OMC y los acuerdos de libre comercio”, de movimientos y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la vida, señala:”El agua ya está parcialmente incluida como mercancía en los acuerdos de libre comercio en vigencia. En el Clasificador Arancelario Armonizado de los EE.UU. encontramos el agua bajo las siguientes partidas 2201 (aguas naturales o minerales; hielo y nieve), 2501 (agua de mar) y 2851 (agua destilada). “Cuando el agua es comercializada es un bien, todas las provisiones de los tratados comerciales de bienes se aplican” declaran los negociadores del libre comercio mientras preparan millonarios proyectos para la exportación de agua cruda y glaciares.El agua como servicio de agua potable y saneamiento básico también se encuentra en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC (AGCS) y en los capítulos de servicios de los Tratados de Libre Comercio. La mayoría de los países aun no han comprometido los servicios medioambientales en la OMC, pero también existen países como Ecuador que ya los han comprometido casi en su totalidad y la Unión Europea está presionando para que mas de 80 países incluyan estos servicios bajo las reglas del AGCS. El agua no sólo está involucrada en los servicios ambientales sino también en los servicios de turismo, de distribución comercial al por mayor y menor, de transporte por agua y tubería, y en “otros servicios” donde se encuentra la generación hidroeléctrica. Muchos de estos servicios ya están comprometidos por diferentes países en la OMC y están amarrados en diversos TLC regionales y bilaterales.La situación del agua es mucho peor en los capítulos de inversiones de los TLC y en los más de 2.000 Tratados Bilaterales de protección a las Inversiones extranjeras que existen en el mundo. La definición de inversión de los TB es bastante amplia y abarca los derechos de agua, concesiones, licencias, autorizaciones contratos, y permisos otorgados a una persona o empresa extranjera para fines mineros, turísticos, petroleros, hidroeléctricos, de transporte pluvial para servicios de agua potable, medio ambientales, agricultura, pesca y otros. La OMC y los TLC promueven un desarrollo agroindustrial que conlleva el acaparamiento de las fuentes de agua por las grandes empresas en desmedro de los pequeños productores y las comunidades campesinas indígenas. La “Visión Mundial del Agua” aprobada en el Segundo Foro Mundial del Agua del año 2.000 promueve el uso de semillas genéticamente modificadas que consuman menos agua. Estas semillas estarán patentadas y sujetas a las reglas de Propiedad Intelectual de la OMC y los TLC.La aplicación de las reglas del libre comercio a nivel de acceso a mercados, servicios, inversiones, agricultura y propiedad intelectual produce la mercantilización del agua y la privatización de este recurso esencial para la existencia de todos los seres vivos y del planeta mismo. El acceso al agua estará cada vez mas limitado por la capacidad de pago de la población. Los principales afectados serán los pobres, las mujeres, los pueblos indígenas y las futuras generaciones. Decenas de siglos de diversidad cultural en la gestión del agua serán sustituidos por un solo modelo mercantil y privatista.Es necesario evitar, modificar o revertir los contratos con empresas extranjeras que imponen la privatización y mercantilización de este recurso.Es inadmisible que el Banco Mundial y los Bancos de Desarrollo Regional (Interamericano, Africano, Asiático, etcétera) otorguen créditos, donaciones o renegocien la deuda externa de los países con la condición de que se privaticen los servicios de agua potable, riego o energía hidroeléctrica. La capitalización o la asociación público privada son diferentes formas de privatización”. Dentro de este contexto, existen dos escenarios: La apropiación territorial mediante la compra de tierras con recursos naturales (agua, biodiversidad), o simplemente por ocupación, lisa y llana, mediante la fuerza bélica. Cabe preguntarse como antecedente inmediato si la ocupación de Irak (además de la apropiación de los grandes recursos petroleros), no haya tenido como objetivo, también, controlar los recursos hídricos de los ríos Eufrates y Tigris, que son, justamente los ríos más caudalosos de zonas áridas del planeta.Por su parte, las grandes corporaciones han pasado a controlar el agua en gran parte del mundo y se especula (con razones ciertas) que en los próximos años, unas pocas empresas privadas poseerán el control monopólico de casi el 75% de este recurso vital para la vida en el planeta. Es evidente que los gobiernos, principalmente los periféricos o del tercer mundo, están abdicando de su responsabilidad de tutela de los recursos naturales. El argumento más conocido, el de mejorar la provisión del servicio, ha permitido las privatizaciones. Las principales grandes corporaciones vinculadas a la problemática son: las francesas Vivendi y Suez y la Alemana RWE (que adquirió dos importantes empresas de agua, Thames Water en el Reino Unido y American Water Works, en Estados Unidos de Norteamérica). Esta intervención privada de prestación de servicio de agua potable impuso, en algunos lugares, un aumento exagerado del costo. Concretamente, en Sudáfrica la empresa concesionada con el suministro no tuvo problemas en cerrar la canilla de un 80% de los pobladores de Alexandra Township por falta de pago. Quién fomenta, fundamentalmente, las privatizaciones es el Banco Mundial. Realiza préstamos para las reformas en el sistema de suministro y actúa como juez en caso de conflicto entre empresa prestadora y Estado.Mientras que, existiendo poblaciones que no tienen acceso a la salubridad las grandes corporaciones venden agua pura embotellada.Vale como ejemplo el dato. Entre 1970 y 2000, la venta del agua creció más de 80 veces. En 1970, se vendieron en el mundo mil millones de litros. En el 2000, 84 mil millones. Las ganancias fueron de 2.2 mil millones de dólares.¿Dónde está el agua? ¿Dónde están los mayores acuíferos del mundo? ¡Oh casualidad! En África: Acuífero de Areniscas de Nubia (Egipto, Libia y Sudán) con un volumen de 75 mil millones de metros cúbicos. Acuífero del Norte del Sahara (Argelia y Túnez) con un volumen de 60 mil millones de metros cúbicos. En Ámerica del Sur:Sistema acuífero Guaraní (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) con un volumen de 37 mil millones de metros cúbicos. En Asia: Acuífero del Norte de China (China) con un volumen de 5 mil millones de metros cúbicos. Por otra parte, en Australia se encuentra la Gran Cuenta Artesiana con un volumen de 20 mil millones de metros cúbicos. Y en Estados Unidos de Norteamérica: el Acuífero Altas Planicies con un volumen de 15 mil millones de metros cúbicos.Sobre un total de 212 mil millones de metros cúbicos, 177 mil millones (83,5%) se encuentran en África, Ámerica del Sur y Asia. Hay que tener en cuenta, además, que en la Antártida se almacena el 90,6% del hielo de la tierra y el 70% del agua dulce, lo que la convierte en un importante reservorio de dicho recurso. El 98% de su superficie está oculto por la espesa ca
Thursday, February 15, 2007
El Partido Federal Fueguino sigue juntando firmas para derogar Renasa y crear un instituto autárquico
Autoridades y referentes del Partido Federal Fueguino siguen juntando firmas de adhesión a un proyecto de ley por Iniciativa Popular que buscará la derogación de la empresa Renasa y la creación de un instituto autárquico provincial para que se haga cargo del manejo de los recursos naturales fueguinos. La fuerza política que lidera Liliana “Chispita” Fadul sumó unas 600 adhesiones solamente el último fin de semana, entre Tolhuin y Río Grande, y ya subió el proyecto completo a Internet para que pueda ser consultado por los interesados.
13-2-2007 - (19:50) - Autoridades y referentes del Partido Federal Fueguino siguen juntando firmas de adhesión a un proyecto de ley por Iniciativa Popular que buscará la derogación de la empresa Renasa y la creación de un instituto autárquico provincial para que se haga cargo del manejo de los recursos naturales fueguinos. La fuerza política que lidera Liliana “Chispita” Fadul sumó unas 600 adhesiones solamente el último fin de semana, entre Tolhuin y Río Grande, y ya subió el proyecto completo a Internet para que pueda ser consultado por los interesados. El PFF quiere crear un Instituto Autárquico Provincial para la Administración del 100% de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego en las áreas de petróleo, gas y minerales de primera categoría, en lugar de la recién creada Renasa que permitirá el ingreso de capitales privados. La actividad partidaria estuvo encabezada por Fadul, pero también por los dirigentes Alejandro Bertotto y Miguel Angel Karcz. Según una gacetilla de prensa, la redacción del proyecto de ley “conllevó un trabajo de equipo muy importante en el que se consideraron muy especialmente los comentarios aportados por la gente de diferentes maneras, pero en particular en opiniones personales directas y a través del correo opinorenase@hotmail.com. Estas propuestas fueron consensuadas por profesionales especialistas en economía y en cuestiones técnicas y jurídicas relacionadas con el petróleo, a las que se le dio un marco político actual, subrayando la necesidad de que exista una participación real de la gente en el manejo de los Recursos Naturales y asegurando que los municipios y comunas de la provincia tengan responsabilidades en la administración de los recursos y también en las utilidades derivadas de los mismos". El Instituto tendría un presidente, un director general de Administración y Finanzas y tres direcciones de área (Petróleo; Gas y Minerales) que operarían como consultores idóneos propuestos por cada municipalidad y comuna. Además, un Consejo Provincial encabezado por el vicepresidente agruparía la fracción participativa incluyendo a representantes ad-honorem de las fuerzas vivas de la comunidad (asociaciones; ONGs, Cámaras; Universidades, etc.) y tendría entre sus responsabilidades la de emitir opinión sobre cada uno de los proyectos que encare el Instituto y evaluar la ejecución del Plan Anual, en relación a su efectividad, rentabilidad y protección ambiental. Al presidente y al vicepresidente los designaría el Ejecutivo con acuerdo legislativo atendiendo a que sean idóneos y residentes en la Provincia, pero no podrían ser removidos sino por la cámara legislativa con los tercios de sus miembros y por cuestiones prioritariamente de falta de rentabilidad. Y al director General lo podría designar el presidente y también reemplazarlo bajo los mismos parámetros, mientras que los directores de área y el personal jerárquico de cada uno de ellas, serín cubiertos mediante concurso de antecedentes y oposición. El ente autárquico dispondría de dos síndicos, un abogado y un contador, que tendrían un mandato de tres años, pudiendo ser elegidos nuevamente sólo con un período entre mandato y mandato de tres años. Las utilidades del Instituto se repartirían en un 30 % para los municipios, un 3 % para actividades especiales de índole deportivo; cultural y para atención a personas de capacidades diferentes; otro 3% a proyectos de innovación tecnológica y otro 3 % para fomento de proyectos de innovación tecnológica en el área de Recursos Naturales. Por último, un 10 % de las utilidades se emplearían en obras productivas en territorio provincial. El proyecto también dispone que en un término de 180 días el Ejecutivo deberá presentar ante la Legislatura un Plan Provincial para el Desarrollo Energético y la Explotación de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego y en igual término un Proyecto de Ley Provincial de Hidrocarburos, además de determinar que en 90 días a partir de la puesta en funcionamiento del ente autárquico deberá aprobar las normas para el funcionamiento interno del mismo. La recolección de firmas para apoyar ambos proyectos, tanto el de derogación de la ley 730 como el de creación del Instituto, será en todo el territorio provincial, a través de mesas en la vía pública, visitas a las casas de los vecinos y también vía mail a la dirección opinorenase@hotmail.com o telefónicamente a los celulares 02964 15454931 de Río Grande o 02901 15612604 de Ushuaia, solicitando que se le envíen las planillas a su domicilio para firmarlas.
13-2-2007 - (19:50) - Autoridades y referentes del Partido Federal Fueguino siguen juntando firmas de adhesión a un proyecto de ley por Iniciativa Popular que buscará la derogación de la empresa Renasa y la creación de un instituto autárquico provincial para que se haga cargo del manejo de los recursos naturales fueguinos. La fuerza política que lidera Liliana “Chispita” Fadul sumó unas 600 adhesiones solamente el último fin de semana, entre Tolhuin y Río Grande, y ya subió el proyecto completo a Internet para que pueda ser consultado por los interesados. El PFF quiere crear un Instituto Autárquico Provincial para la Administración del 100% de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego en las áreas de petróleo, gas y minerales de primera categoría, en lugar de la recién creada Renasa que permitirá el ingreso de capitales privados. La actividad partidaria estuvo encabezada por Fadul, pero también por los dirigentes Alejandro Bertotto y Miguel Angel Karcz. Según una gacetilla de prensa, la redacción del proyecto de ley “conllevó un trabajo de equipo muy importante en el que se consideraron muy especialmente los comentarios aportados por la gente de diferentes maneras, pero en particular en opiniones personales directas y a través del correo opinorenase@hotmail.com. Estas propuestas fueron consensuadas por profesionales especialistas en economía y en cuestiones técnicas y jurídicas relacionadas con el petróleo, a las que se le dio un marco político actual, subrayando la necesidad de que exista una participación real de la gente en el manejo de los Recursos Naturales y asegurando que los municipios y comunas de la provincia tengan responsabilidades en la administración de los recursos y también en las utilidades derivadas de los mismos". El Instituto tendría un presidente, un director general de Administración y Finanzas y tres direcciones de área (Petróleo; Gas y Minerales) que operarían como consultores idóneos propuestos por cada municipalidad y comuna. Además, un Consejo Provincial encabezado por el vicepresidente agruparía la fracción participativa incluyendo a representantes ad-honorem de las fuerzas vivas de la comunidad (asociaciones; ONGs, Cámaras; Universidades, etc.) y tendría entre sus responsabilidades la de emitir opinión sobre cada uno de los proyectos que encare el Instituto y evaluar la ejecución del Plan Anual, en relación a su efectividad, rentabilidad y protección ambiental. Al presidente y al vicepresidente los designaría el Ejecutivo con acuerdo legislativo atendiendo a que sean idóneos y residentes en la Provincia, pero no podrían ser removidos sino por la cámara legislativa con los tercios de sus miembros y por cuestiones prioritariamente de falta de rentabilidad. Y al director General lo podría designar el presidente y también reemplazarlo bajo los mismos parámetros, mientras que los directores de área y el personal jerárquico de cada uno de ellas, serín cubiertos mediante concurso de antecedentes y oposición. El ente autárquico dispondría de dos síndicos, un abogado y un contador, que tendrían un mandato de tres años, pudiendo ser elegidos nuevamente sólo con un período entre mandato y mandato de tres años. Las utilidades del Instituto se repartirían en un 30 % para los municipios, un 3 % para actividades especiales de índole deportivo; cultural y para atención a personas de capacidades diferentes; otro 3% a proyectos de innovación tecnológica y otro 3 % para fomento de proyectos de innovación tecnológica en el área de Recursos Naturales. Por último, un 10 % de las utilidades se emplearían en obras productivas en territorio provincial. El proyecto también dispone que en un término de 180 días el Ejecutivo deberá presentar ante la Legislatura un Plan Provincial para el Desarrollo Energético y la Explotación de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego y en igual término un Proyecto de Ley Provincial de Hidrocarburos, además de determinar que en 90 días a partir de la puesta en funcionamiento del ente autárquico deberá aprobar las normas para el funcionamiento interno del mismo. La recolección de firmas para apoyar ambos proyectos, tanto el de derogación de la ley 730 como el de creación del Instituto, será en todo el territorio provincial, a través de mesas en la vía pública, visitas a las casas de los vecinos y también vía mail a la dirección opinorenase@hotmail.com o telefónicamente a los celulares 02964 15454931 de Río Grande o 02901 15612604 de Ushuaia, solicitando que se le envíen las planillas a su domicilio para firmarlas.
Tuesday, February 13, 2007
Argentina: se realizó en Mendoza 3° Asamblea Popular por el Agua Pura
"El agua es un derecho social y no una mercancía". El 29 de enero se realizó en la Plaza Independencia de la ciudad de Mendoza la 3ª Asamblea Popular por el agua pura en contra de la minería contaminante
Por TV Ojos del Plata para Prensa De Frente - El objetivo de la asamblea fue retomar las acciones que se venían desarrollando durante los últimos meses de 2006, que incluyó un ayuno de cuatro días frente a la legislatura provincial, desde el 9 al 12 de diciembre, con la participación de varias organizaciones sociales y culturales. Con esta lucha se logró que el miércoles 13 de diciembre se aprobara un proyecto de ley para suspender los derechos mineros, los cateos, la exploración y las explotaciones de minerales metalíferos hasta que la provincia desarrolle y presente un plan ambiental.
A la semana siguiente, el gobernador de la provincia de Mendoza Julio Cobos, vetó la ley a favor de los negociados de las megaminerías, dándole la espalda al pueblo de Mendoza y al derecho al agua y a la vida. Ante esta decisión del gobierno, la asamblea realizó un escrache en la casa del gobernador Cobos.
En esta 3ª Asamblea, en la que participaron más de 60 personas y representantes de varias organizaciones, se trataron diferentes propuestas de cómo continuar con esta lucha. En el plano del mediano y largo plazo, la concientización y difusión en la sociedad son los puntos principales para lograr consenso y movilización social frente a este tema. “Hoy el Estado y los medios masivos desinforman a la comunidad e impiden que tomemos conocimiento sobre el tema, incluso, el gobernador Julio Cobos pretende enfrentarnos con los trabajadores mineros haciendo concesiones y falsas promesas. Por esto repetimos nuestra solidaridad a la lucha de los trabajadores mineros que no quieren la contaminación, y en defensa de su puesto de trabajo.”, dice uno de los documentos que ha redactado la Asamblea.
En este camino, el jueves 1 de febrero se mantuvo un puesto fijo en el centro mendocino para la distribución de folletos y juntada de firmas.
Otro punto que se trató es la participación en la próxima Asamblea Provincial, que se realizó el sábado 3 de febrero en el departamento sureño de General Alvear, junto con las demás asambleas mendocinas. “Nuestra lucha es por el agua pura porque entendemos que el agua es un derecho social y no una mercancía, Mendoza vive del agua. No podemos aceptar cianuro en nuestra agua de consumo y riego, no podemos aceptar la contaminación que genera la megaminería a cielo abierto. No es un suicidio, sino un genocidio, un Ecocidio a nuestra población”.
“No podemos ni debemos aceptar que se lleven nuestros recursos dejando como saldo miseria, contaminación y destrucción. Mientras saquean se llevan todas las ganancias, y como si fuera poco el gobierno las premia dejándolas exentas de los impuestos nacionales y provinciales”, expresan desde la Asamblea, mientras el Subsecretario de Hidrocarburos, Minería y Energía de Mendoza, Alejandro Rodríguez, difunde en los medios comerciales que “la minería en general, y la relacionada con los metales en particular, necesita de posturas serenas y más racionales al momento de analizar y discutir los temas vinculados a una industria de tanta trascendencia desde el punto de vista social y económico. En tanto puede constituir, si somos inteligentes y responsables, uno de los pilares de nuestro desarrollo futuro tal como ocurre en otros lugares del país o del exterior. La cuestión pasa por la atención y el respeto al marco normativo”.
Ante todo eso la Asamblea Popular exige:- La anulación del código de minería, que permite el saqueo total de oro, cobre y plata.- Que se cumplan las leyes que protegen los recursos naturales según el artículo 41 de la Constitución Nacional.- Prohibición del método de lixiviación en minería.- No al ecocidio que significa el uso indiscriminado del agua, en una provincia donde escasea este recurso.
En defensa de nuestros Recursos y Bienes Naturales.
Sí a la Vida.
Sí al Agua Pura.
Fuente: Prensa de Frente
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/30024
Por TV Ojos del Plata para Prensa De Frente - El objetivo de la asamblea fue retomar las acciones que se venían desarrollando durante los últimos meses de 2006, que incluyó un ayuno de cuatro días frente a la legislatura provincial, desde el 9 al 12 de diciembre, con la participación de varias organizaciones sociales y culturales. Con esta lucha se logró que el miércoles 13 de diciembre se aprobara un proyecto de ley para suspender los derechos mineros, los cateos, la exploración y las explotaciones de minerales metalíferos hasta que la provincia desarrolle y presente un plan ambiental.
A la semana siguiente, el gobernador de la provincia de Mendoza Julio Cobos, vetó la ley a favor de los negociados de las megaminerías, dándole la espalda al pueblo de Mendoza y al derecho al agua y a la vida. Ante esta decisión del gobierno, la asamblea realizó un escrache en la casa del gobernador Cobos.
En esta 3ª Asamblea, en la que participaron más de 60 personas y representantes de varias organizaciones, se trataron diferentes propuestas de cómo continuar con esta lucha. En el plano del mediano y largo plazo, la concientización y difusión en la sociedad son los puntos principales para lograr consenso y movilización social frente a este tema. “Hoy el Estado y los medios masivos desinforman a la comunidad e impiden que tomemos conocimiento sobre el tema, incluso, el gobernador Julio Cobos pretende enfrentarnos con los trabajadores mineros haciendo concesiones y falsas promesas. Por esto repetimos nuestra solidaridad a la lucha de los trabajadores mineros que no quieren la contaminación, y en defensa de su puesto de trabajo.”, dice uno de los documentos que ha redactado la Asamblea.
En este camino, el jueves 1 de febrero se mantuvo un puesto fijo en el centro mendocino para la distribución de folletos y juntada de firmas.
Otro punto que se trató es la participación en la próxima Asamblea Provincial, que se realizó el sábado 3 de febrero en el departamento sureño de General Alvear, junto con las demás asambleas mendocinas. “Nuestra lucha es por el agua pura porque entendemos que el agua es un derecho social y no una mercancía, Mendoza vive del agua. No podemos aceptar cianuro en nuestra agua de consumo y riego, no podemos aceptar la contaminación que genera la megaminería a cielo abierto. No es un suicidio, sino un genocidio, un Ecocidio a nuestra población”.
“No podemos ni debemos aceptar que se lleven nuestros recursos dejando como saldo miseria, contaminación y destrucción. Mientras saquean se llevan todas las ganancias, y como si fuera poco el gobierno las premia dejándolas exentas de los impuestos nacionales y provinciales”, expresan desde la Asamblea, mientras el Subsecretario de Hidrocarburos, Minería y Energía de Mendoza, Alejandro Rodríguez, difunde en los medios comerciales que “la minería en general, y la relacionada con los metales en particular, necesita de posturas serenas y más racionales al momento de analizar y discutir los temas vinculados a una industria de tanta trascendencia desde el punto de vista social y económico. En tanto puede constituir, si somos inteligentes y responsables, uno de los pilares de nuestro desarrollo futuro tal como ocurre en otros lugares del país o del exterior. La cuestión pasa por la atención y el respeto al marco normativo”.
Ante todo eso la Asamblea Popular exige:- La anulación del código de minería, que permite el saqueo total de oro, cobre y plata.- Que se cumplan las leyes que protegen los recursos naturales según el artículo 41 de la Constitución Nacional.- Prohibición del método de lixiviación en minería.- No al ecocidio que significa el uso indiscriminado del agua, en una provincia donde escasea este recurso.
En defensa de nuestros Recursos y Bienes Naturales.
Sí a la Vida.
Sí al Agua Pura.
Fuente: Prensa de Frente
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/30024
Wednesday, February 07, 2007
Denuncian la construcción de un terraplén de residuos en Ensenada
El reclamo fue presentado ante la Fiscalía de Estado de la Provincia. Vecinos cuestionan que “el Municipio demuestra el desinterés para resguardar y proteger los Recursos Naturales”
La ONG Nuevo Ambiente presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires por la construcción de un terraplén y deforestación llevada adelante por la Municipalidad de Ensenada, en una de las áreas naturales protegidas.
Según manifestaron desde la fundación, “el Municipio una vez más da muestras no sólo de su impunidad para el incumplimiento de normativas legales, sino también demuestra el desinterés para resguardar y proteger los Recursos Naturales que benefician a, no sólo los ensenadenses, sino a toda la Región”.
“La situación se torna aún más grave, teniendo en cuenta que los aproximadamente 300 metros de terraplén ya construidos se realizó con residuos recolectados por el propio municipio”, destacaron.
En las últimas horas los vecinos de Cambaceres denunciaron que se está construyendo un terraplén con Residuos a 400 metros sobre el Monte Ribereño, este hecho se suma a lo denunciado hace algunos días cuando se contabilizaba la pérdida del patrimonio Forestal.
Es oportuno recordar que en 1999 se pudo frenar, con la participación de instituciones y el Concejo Deliberante de Ensenada, el avance de Zona Franca hacia el sector hoy amenazado por el accionar del Ejecutivo Municipal ensenadense.
En la presentación realizada por los integrantes de Nuevo Ambiente se solicita la intervención del fiscal de Estado, por entender que “se pone en serio riesgo el Patrimonio Forestal y la Salud de los vecinos, ya que el municipio está incurriendo en incumplimiento del artículo 28º de la Constitución de la provincia de Buenos Aires”.
Este establece que “los habitantes de la provincia de Buenos Aires tienen el Derecho de un Ambiente Sano y el Deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras”.
La ONG Nuevo Ambiente presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires por la construcción de un terraplén y deforestación llevada adelante por la Municipalidad de Ensenada, en una de las áreas naturales protegidas.
Según manifestaron desde la fundación, “el Municipio una vez más da muestras no sólo de su impunidad para el incumplimiento de normativas legales, sino también demuestra el desinterés para resguardar y proteger los Recursos Naturales que benefician a, no sólo los ensenadenses, sino a toda la Región”.
“La situación se torna aún más grave, teniendo en cuenta que los aproximadamente 300 metros de terraplén ya construidos se realizó con residuos recolectados por el propio municipio”, destacaron.
En las últimas horas los vecinos de Cambaceres denunciaron que se está construyendo un terraplén con Residuos a 400 metros sobre el Monte Ribereño, este hecho se suma a lo denunciado hace algunos días cuando se contabilizaba la pérdida del patrimonio Forestal.
Es oportuno recordar que en 1999 se pudo frenar, con la participación de instituciones y el Concejo Deliberante de Ensenada, el avance de Zona Franca hacia el sector hoy amenazado por el accionar del Ejecutivo Municipal ensenadense.
En la presentación realizada por los integrantes de Nuevo Ambiente se solicita la intervención del fiscal de Estado, por entender que “se pone en serio riesgo el Patrimonio Forestal y la Salud de los vecinos, ya que el municipio está incurriendo en incumplimiento del artículo 28º de la Constitución de la provincia de Buenos Aires”.
Este establece que “los habitantes de la provincia de Buenos Aires tienen el Derecho de un Ambiente Sano y el Deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras”.
Tuesday, February 06, 2007
"El agua es un derecho social y no una mercancía"
El objetivo de la asamblea fue retomar las acciones que se venían desarrollando durante los últimos meses de 2006, que incluyó un ayuno de cuatro días frente a la legislatura provincial, desde el 9 al 12 de diciembre, con la participación de varias organizaciones sociales y culturales. Con esta lucha se logró que el miércoles 13 de diciembre se aprobara un proyecto de ley para suspender los derechos mineros, los cateos, la exploración y las explotaciones de minerales metalíferos hasta que la provincia desarrolle y presente un plan ambiental.A la semana siguiente, el gobernador de la provincia de Mendoza Julio Cobos, vetó la ley a favor de los negociados de las megaminerías, dándole la espalda al pueblo de Mendoza y al derecho al agua y a la vida. Ante esta decisión del gobierno, la asamblea realizó un escrache en la casa del gobernador Cobos.En esta 3ª Asamblea, en la que participaron más de 60 personas y representantes de varias organizaciones, se trataron diferentes propuestas de cómo continuar con esta lucha. En el plano del mediano y largo plazo, la concientización y difusión en la sociedad son los puntos principales para lograr consenso y movilización social frente a este tema. “Hoy el Estado y los medios masivos desinforman a la comunidad e impiden que tomemos conocimiento sobre el tema, incluso, el gobernador Julio Cobos pretende enfrentarnos con los trabajadores mineros haciendo concesiones y falsas promesas. Por esto repetimos nuestra solidaridad a la lucha de los trabajadores mineros que no quieren la contaminación, y en defensa de su puesto de trabajo.”, dice uno de los documentos que ha redactado la Asamblea.En este camino, el jueves 1 de febrero se mantuvo un puesto fijo en el centro mendocino para la distribución de folletos y juntada de firmas. Otro punto que se trató es la participación en la próxima Asamblea Provincial, que se realizó el sábado 3 de febrero en el departamento sureño de General Alvear, junto con las demás asambleas mendocinas. “Nuestra lucha es por el agua pura porque entendemos que el agua es un derecho social y no una mercancía, Mendoza vive del agua. No podemos aceptar cianuro en nuestra agua de consumo y riego, no podemos aceptar la contaminación que genera la megaminería a cielo abierto. No es un suicidio, sino un genocidio, un Ecocidio a nuestra población”.“No podemos ni debemos aceptar que se lleven nuestros recursos dejando como saldo miseria, contaminación y destrucción. Mientras saquean se llevan todas las ganancias, y como si fuera poco el gobierno las premia dejándolas exentas de los impuestos nacionales y provinciales”, expresan desde la Asamblea, mientras el Subsecretario de Hidrocarburos, Minería y Energía de Mendoza, Alejandro Rodríguez, difunde en los medios comerciales que “la minería en general, y la relacionada con los metales en particular, necesita de posturas serenas y más racionales al momento de analizar y discutir los temas vinculados a una industria de tanta trascendencia desde el punto de vista social y económico. En tanto puede constituir, si somos inteligentes y responsables, uno de los pilares de nuestro desarrollo futuro tal como ocurre en otros lugares del país o del exterior. La cuestión pasa por la atención y el respeto al marco normativo”.
Ante todo eso la Asamblea Popular exige:
- La anulación del código de minería, que permite el saqueo total de oro, cobre y plata.
- Que se cumplan las leyes que protegen los recursos naturales según el artículo 41 de la Constitución Nacional.- Prohibición del método de lixiviación en minería.
- No al ecocidio que significa el uso indiscriminado del agua, en una provincia donde escasea este recurso.
En defensa de nuestros Recursos y Bienes Naturales. Sí a la Vida. Sí al Agua Pura.
Asamblea Popular del gran Mendoza por el AGUA PURA
Comisión de Prensa y Difusión
noalamineria@yahoo.com.ar
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/02/06/p2588
Ante todo eso la Asamblea Popular exige:
- La anulación del código de minería, que permite el saqueo total de oro, cobre y plata.
- Que se cumplan las leyes que protegen los recursos naturales según el artículo 41 de la Constitución Nacional.- Prohibición del método de lixiviación en minería.
- No al ecocidio que significa el uso indiscriminado del agua, en una provincia donde escasea este recurso.
En defensa de nuestros Recursos y Bienes Naturales. Sí a la Vida. Sí al Agua Pura.
Asamblea Popular del gran Mendoza por el AGUA PURA
Comisión de Prensa y Difusión
noalamineria@yahoo.com.ar
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/02/06/p2588
