Thursday, February 15, 2007

 

El Partido Federal Fueguino sigue juntando firmas para derogar Renasa y crear un instituto autárquico

Autoridades y referentes del Partido Federal Fueguino siguen juntando firmas de adhesión a un proyecto de ley por Iniciativa Popular que buscará la derogación de la empresa Renasa y la creación de un instituto autárquico provincial para que se haga cargo del manejo de los recursos naturales fueguinos. La fuerza política que lidera Liliana “Chispita” Fadul sumó unas 600 adhesiones solamente el último fin de semana, entre Tolhuin y Río Grande, y ya subió el proyecto completo a Internet para que pueda ser consultado por los interesados.



13-2-2007 - (19:50) - Autoridades y referentes del Partido Federal Fueguino siguen juntando firmas de adhesión a un proyecto de ley por Iniciativa Popular que buscará la derogación de la empresa Renasa y la creación de un instituto autárquico provincial para que se haga cargo del manejo de los recursos naturales fueguinos. La fuerza política que lidera Liliana “Chispita” Fadul sumó unas 600 adhesiones solamente el último fin de semana, entre Tolhuin y Río Grande, y ya subió el proyecto completo a Internet para que pueda ser consultado por los interesados. El PFF quiere crear un Instituto Autárquico Provincial para la Administración del 100% de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego en las áreas de petróleo, gas y minerales de primera categoría, en lugar de la recién creada Renasa que permitirá el ingreso de capitales privados. La actividad partidaria estuvo encabezada por Fadul, pero también por los dirigentes Alejandro Bertotto y Miguel Angel Karcz. Según una gacetilla de prensa, la redacción del proyecto de ley “conllevó un trabajo de equipo muy importante en el que se consideraron muy especialmente los comentarios aportados por la gente de diferentes maneras, pero en particular en opiniones personales directas y a través del correo opinorenase@hotmail.com. Estas propuestas fueron consensuadas por profesionales especialistas en economía y en cuestiones técnicas y jurídicas relacionadas con el petróleo, a las que se le dio un marco político actual, subrayando la necesidad de que exista una participación real de la gente en el manejo de los Recursos Naturales y asegurando que los municipios y comunas de la provincia tengan responsabilidades en la administración de los recursos y también en las utilidades derivadas de los mismos". El Instituto tendría un presidente, un director general de Administración y Finanzas y tres direcciones de área (Petróleo; Gas y Minerales) que operarían como consultores idóneos propuestos por cada municipalidad y comuna. Además, un Consejo Provincial encabezado por el vicepresidente agruparía la fracción participativa incluyendo a representantes ad-honorem de las fuerzas vivas de la comunidad (asociaciones; ONGs, Cámaras; Universidades, etc.) y tendría entre sus responsabilidades la de emitir opinión sobre cada uno de los proyectos que encare el Instituto y evaluar la ejecución del Plan Anual, en relación a su efectividad, rentabilidad y protección ambiental. Al presidente y al vicepresidente los designaría el Ejecutivo con acuerdo legislativo atendiendo a que sean idóneos y residentes en la Provincia, pero no podrían ser removidos sino por la cámara legislativa con los tercios de sus miembros y por cuestiones prioritariamente de falta de rentabilidad. Y al director General lo podría designar el presidente y también reemplazarlo bajo los mismos parámetros, mientras que los directores de área y el personal jerárquico de cada uno de ellas, serín cubiertos mediante concurso de antecedentes y oposición. El ente autárquico dispondría de dos síndicos, un abogado y un contador, que tendrían un mandato de tres años, pudiendo ser elegidos nuevamente sólo con un período entre mandato y mandato de tres años. Las utilidades del Instituto se repartirían en un 30 % para los municipios, un 3 % para actividades especiales de índole deportivo; cultural y para atención a personas de capacidades diferentes; otro 3% a proyectos de innovación tecnológica y otro 3 % para fomento de proyectos de innovación tecnológica en el área de Recursos Naturales. Por último, un 10 % de las utilidades se emplearían en obras productivas en territorio provincial. El proyecto también dispone que en un término de 180 días el Ejecutivo deberá presentar ante la Legislatura un Plan Provincial para el Desarrollo Energético y la Explotación de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego y en igual término un Proyecto de Ley Provincial de Hidrocarburos, además de determinar que en 90 días a partir de la puesta en funcionamiento del ente autárquico deberá aprobar las normas para el funcionamiento interno del mismo. La recolección de firmas para apoyar ambos proyectos, tanto el de derogación de la ley 730 como el de creación del Instituto, será en todo el territorio provincial, a través de mesas en la vía pública, visitas a las casas de los vecinos y también vía mail a la dirección opinorenase@hotmail.com o telefónicamente a los celulares 02964 15454931 de Río Grande o 02901 15612604 de Ushuaia, solicitando que se le envíen las planillas a su domicilio para firmarlas.

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