Wednesday, February 21, 2007
Nuestras aguas publicas, otra fuente de corrupción
11:03) – El autor de esta nota cuestiona la concesión de los ambientes acuáticos “a los amigos del poder de turno”, en “perjuicio de la gran mayoría de los fueguinos” a partir de la concesión del coto de pesca del río Irigoyen. En esa línea, analiza el manejo de los recursos naturales como la peca de altura, la minería, los bosques y el petróleo cuyas concesiones de aprovechamiento tienen a la corrupción como factor común. Como salida, el autor propone aprovechar las próximas elecciones para fomentar el acceso de funcionarios honestos.
20-2-2007 - (11:03) - A diario, los fueguinos podemos observar diferentes noticias referidas al manejo de la cosa Pública, me refiero al manejo presupuestario, a la relación Gobierno / Gremios y sus conflictos casi permanentes por la puja salarial, a los recursos naturales y demás temas referidos a la economía de orden provincial, sin olvidarnos de la relación Justicia / Gobierno que generalmente no provoca noticias de relevancia (entre la mayoría de los medios Fueguinos), ya sea por la excelente relación entre ambos o la comunión de intereses que los funcionarios de ambas instituciones mantienen. Tampoco es desconocido para la mayoría de los fueguinos, la ¨calidad¨ de los funcionarios que esta joven provincia ha venido soportando, individuos que sin tapujos, ostentan el incremento de sus patrimonios personales mientras por otro lado la provincia ha venido aumentando su endeudamiento presupuestario, concediendo de manera ilegal e inconveniente sus recursos naturales y dependiendo peligrosamente cada vez más de los recursos coparticipables del orden Nacional. Seguramente según el ojo con el que se mire y el/los medios elegidos, serán de interés del lector en cada tema mencionado entre otros de diferente índole. Lo cierto y concreto es que nuestra economía provincial va cuesta abajo debido a los desmanejos e intereses sectarios que dicha distribución ha venido sosteniendo, con algún nuevo beneficiario particular según los ¨amigos del Gobierno de turno¨. En este orden de las cosas, los ríos y lagos de la provincia no escapan a la corruptela generalizada, por cuanto han sido y continúan siendo manejadas por inescrupulosos privilegiados que el primer Gobierno de José Estabillo generó y la inoperancia o corruptela de los Gobiernos sucesores de éste hasta el presente. En este tema también se viola nuestra Constitución y las leyes reglamentarias, por más que sea un tema menor. Se viola nuestra Carta Magna por la forma en que se concesionó mediante el Articulo 11º del decreto 765/94, anulando derechos comunes en relación a la cosa pública, sin dejar de lado el enorme perjuicio económico que se viene generando a toda la población de la Provincia desde entonces hasta el presente. Pero -preguntaría doña María o don José- ¿qué tengo que ver yo con las aguas de la provincia, si nosotros no pescamos ni nuestro trabajo depende de ello? La respuesta es simple: Así como los resultados del manejo de los recursos no renovables como el petróleo, la minería, ó los recursos renovables como el recurso boscoso y el pesquero de altura entre otros pueden impactar de manera negativa en caso de un mal aprovechamiento y ello nos afecta directamente más tarde o temprano de lo que suponemos. De igual manera el aprovechamiento de las aguas públicas que tengan usos de interés general, como las nuestras que tienen atractivo Turístico por la pesca deportiva, viene impactando negativamente sobre nuestra economía. Si luego de una profunda discusión entre el Estado y los sectores correspondientes (que nunca ha podido darse hasta el presente) concordamos que el aprovechamiento integral de nuestras aguas puede generar más de 50 millones de dólares anuales solamente con la pesca deportiva (hoy obtenemos solamente un 20% de ello, los cuales no impactan en la economía por su aprovechamiento ilegal, es decir, en negro), seguramente doña María o Don José comprenderán que no solamente se están llevando unos pocos avivados nuestra riqueza con la ayuda de los funcionarios corruptos, sino que están impidiendo el aprovechamiento de más del 70% de los recursos que aún hoy disponemos (ambientes acuáticos sin aprovechar), quitando la posibilidad de trabajo a cientos de jóvenes y un importante aporte a la independencia económica que la Isla puede lograr con un manejo ajustado a la Constitución y leyes reglamentarias. Y en esto de hablar de los funcionarios, no excluimos a la Justicia, quienes tienen mucho que ver con la defensa de la legalidad y del interés general. Como ejemplo pequeño pero concreto, puedo citar el caso Judicial del Coto sobre el Río Irigoyen, sobre el cual la Jueza de Primera Instancia falló a favor del operador turístico, en cambio en diciembre pasado, la Cámara de Apelaciones, con la firma de Ernesto Löffler, Josefa Martín y Francisco Justo de la Torre, fallaron en contrario otorgando el derecho a usufructuar el coto público al nuevo estanciero lindante al río, sin medir las consecuencias de tal fallo contrario a los intereses generales de la provincia. Y digo contrario al interés general por cuanto, sujetar nuestras aguas públicas al interés particular del privado lindero, implica decidir que el 70% de los ambientes acuáticos de la provincia no podrán ser utilizadas turisticamente en beneficio general por estar sujetas al interés del propietario lindero a las aguas públicas por sobre el interés general; que todos estos ambientes incluido el Irigoyen, son compartidos por dos o más propietarios privados y por consiguiente, el interés económico de estos privados traduce en inviable el desarrollo de la actividad de operadores turísticos, ya sea por el inconveniente de soportar el incremento indebido de costos innecesarios como por la imposición de diversos condicionantes. Cuando en realidad, lo correcto y legal es que el Estado concesione todos los ambientes con el criterio de cuenca, directamente a los operadores turísticos para que sean atractivos a la inversión turística, evitando así la monopolización de la oferta que actualmente dispone nuestra pesca deportiva sobre el río Grande. Por otro lado, se habla tanto de las Garantías Jurídicas, ¿de quiénes en este caso? de los empresarios corruptos y amigos del poder ¿O de los empresarios Turísticos o del Pueblo de la provincia que vio cercenada su derecho a participar de tles concesiones?. El citado caso de coto Irigoyen tiene las mismas implicancias, ya que el operador turístico fue quien invirtió y desarrolló el ambiente público para que hoy, el propietario lindero sea graciosamente beneficiado por los Jueces de Cámara. No todos saben que el ¨nuevo dueño¨ de la estancia María Luisa es el archi conocido pseudo empresario Eddie Vargas y ¨sus empresas¨ agrupadas bajo la denominación ¨grupo APEX¨, tampoco son muy conocidas las vinculaciones amistosas entre este señor y la familia Löffler, incluyendo al camarista Ernesto Löffler y algunos funcionarios enrolados en las filas del MPF o del Justicialismo, como tampoco las afinidades deudoras al banco provincial junto al actual vice-gobernador a cargo del Ejecutivo provincial, quienes ostentan el ¨privilegio” de ser los mayores deudores del Fondo Residual. Tampoco debemos quitar la responsabilidad que le cabe al Ejecutivo municipal, por su silencio cómplice para mantener el interés de unos pocos en lugar de proponer y fomentar, desde mucho tiempo atrás, una seria discusión sobre el tema y fomentar el respeto a las leyes vigentes que sin duda alguna, será beneficio de la gran mayoría del pueblo de Río Grande. Así son las cosas querido lector/a, estas nimiedades son determinantes a la hora de impartir Justicia en nuestra provincia, me refiero a las amistades que pugnan por instalar a los amigos en sillones del poder para beneficiarse de una u otra manera, sin olvidar a los funcionarios adictos a dictámenes sectarios ni a Políticos que ganan elecciones con un discurso mentiroso para luego hacer todo lo contrario al interés general. En el caso Irigoyen falta la definición del Superior Tribunal de ¨Justicia¨ provincial, de quienes por obvias razones me reservo opinión previa en este caso, y me remito estimado lector, a la historia reciente del mismo y sus fallos. Mientras en la Legislatura, las prioridades de algunos pocos legisladores continúa siendo la defensa del salario del trabajador estatal entre otros temas de estricto orden público como único norte, y para la mayoría de los legisladores la defensa a ultranza de los privilegios de sus amigos. Pero volviendo a lo que si saben seguramente doña María y Don José, es que con estos Políticos corruptos, cambiar nada de esto es posible; y ahí coincidiremos seguramente en que llego la hora del cambio, eligiendo a nuevos funcionarios honestos y comprometidos con el interés de todos, que no privilegien a sus amigos y que no roben ostentando luego los frutos de sus asaltos con guante blanco. Renasa, recursos forestales en peligro con poca distribución, aguas y espacios públicos con fines turísticos subdesarrolladas y con algunas concesiones a los amigos del poder, minerales de gran valor esperando ser explotados, recursos del mar extraídos descontroladamente por empresas foráneas de los ¨amigos del poder¨ y gran parte de dichos recursos sin aprovechamiento, campos privados que están subexplotados y pagan menos impuesto rural que muchas viviendas de cualquier ciudad fueguina, además de los recursos en efectivo que la ¨Caja del Estado¨, mal distribuye año tras año mediante el presupuesto provincial incrementando la dependencia de los ingresos nacionales y la necesidad de transformar a nuestros funcionarios en perfectos lametrastres del nivel nacional para obtener más recursos dinerarios y florear esto, como un gran logro de la política local. ¿Es esto lo que anhelamos los fueguinos de bien? ¿Seguir votando a víboras que se arrastren mejor para obtener mayores ventajas? ¿o preferimos a funcionarios honestos y capaces que desarrollen una provincia seria, económicamente independiente y con justa distribución de la riqueza? Creo que llegó el tiempo de reflexionar y votar en consecuencia. Nuestra capacidad de elegir será el resultado que beneficie o perjudique a nuestros hijos y nietos. Por Dan Pereira
http://www.botellaalmar.com.ar/detalle_nota.php?Id=8265&tipo=2
20-2-2007 - (11:03) - A diario, los fueguinos podemos observar diferentes noticias referidas al manejo de la cosa Pública, me refiero al manejo presupuestario, a la relación Gobierno / Gremios y sus conflictos casi permanentes por la puja salarial, a los recursos naturales y demás temas referidos a la economía de orden provincial, sin olvidarnos de la relación Justicia / Gobierno que generalmente no provoca noticias de relevancia (entre la mayoría de los medios Fueguinos), ya sea por la excelente relación entre ambos o la comunión de intereses que los funcionarios de ambas instituciones mantienen. Tampoco es desconocido para la mayoría de los fueguinos, la ¨calidad¨ de los funcionarios que esta joven provincia ha venido soportando, individuos que sin tapujos, ostentan el incremento de sus patrimonios personales mientras por otro lado la provincia ha venido aumentando su endeudamiento presupuestario, concediendo de manera ilegal e inconveniente sus recursos naturales y dependiendo peligrosamente cada vez más de los recursos coparticipables del orden Nacional. Seguramente según el ojo con el que se mire y el/los medios elegidos, serán de interés del lector en cada tema mencionado entre otros de diferente índole. Lo cierto y concreto es que nuestra economía provincial va cuesta abajo debido a los desmanejos e intereses sectarios que dicha distribución ha venido sosteniendo, con algún nuevo beneficiario particular según los ¨amigos del Gobierno de turno¨. En este orden de las cosas, los ríos y lagos de la provincia no escapan a la corruptela generalizada, por cuanto han sido y continúan siendo manejadas por inescrupulosos privilegiados que el primer Gobierno de José Estabillo generó y la inoperancia o corruptela de los Gobiernos sucesores de éste hasta el presente. En este tema también se viola nuestra Constitución y las leyes reglamentarias, por más que sea un tema menor. Se viola nuestra Carta Magna por la forma en que se concesionó mediante el Articulo 11º del decreto 765/94, anulando derechos comunes en relación a la cosa pública, sin dejar de lado el enorme perjuicio económico que se viene generando a toda la población de la Provincia desde entonces hasta el presente. Pero -preguntaría doña María o don José- ¿qué tengo que ver yo con las aguas de la provincia, si nosotros no pescamos ni nuestro trabajo depende de ello? La respuesta es simple: Así como los resultados del manejo de los recursos no renovables como el petróleo, la minería, ó los recursos renovables como el recurso boscoso y el pesquero de altura entre otros pueden impactar de manera negativa en caso de un mal aprovechamiento y ello nos afecta directamente más tarde o temprano de lo que suponemos. De igual manera el aprovechamiento de las aguas públicas que tengan usos de interés general, como las nuestras que tienen atractivo Turístico por la pesca deportiva, viene impactando negativamente sobre nuestra economía. Si luego de una profunda discusión entre el Estado y los sectores correspondientes (que nunca ha podido darse hasta el presente) concordamos que el aprovechamiento integral de nuestras aguas puede generar más de 50 millones de dólares anuales solamente con la pesca deportiva (hoy obtenemos solamente un 20% de ello, los cuales no impactan en la economía por su aprovechamiento ilegal, es decir, en negro), seguramente doña María o Don José comprenderán que no solamente se están llevando unos pocos avivados nuestra riqueza con la ayuda de los funcionarios corruptos, sino que están impidiendo el aprovechamiento de más del 70% de los recursos que aún hoy disponemos (ambientes acuáticos sin aprovechar), quitando la posibilidad de trabajo a cientos de jóvenes y un importante aporte a la independencia económica que la Isla puede lograr con un manejo ajustado a la Constitución y leyes reglamentarias. Y en esto de hablar de los funcionarios, no excluimos a la Justicia, quienes tienen mucho que ver con la defensa de la legalidad y del interés general. Como ejemplo pequeño pero concreto, puedo citar el caso Judicial del Coto sobre el Río Irigoyen, sobre el cual la Jueza de Primera Instancia falló a favor del operador turístico, en cambio en diciembre pasado, la Cámara de Apelaciones, con la firma de Ernesto Löffler, Josefa Martín y Francisco Justo de la Torre, fallaron en contrario otorgando el derecho a usufructuar el coto público al nuevo estanciero lindante al río, sin medir las consecuencias de tal fallo contrario a los intereses generales de la provincia. Y digo contrario al interés general por cuanto, sujetar nuestras aguas públicas al interés particular del privado lindero, implica decidir que el 70% de los ambientes acuáticos de la provincia no podrán ser utilizadas turisticamente en beneficio general por estar sujetas al interés del propietario lindero a las aguas públicas por sobre el interés general; que todos estos ambientes incluido el Irigoyen, son compartidos por dos o más propietarios privados y por consiguiente, el interés económico de estos privados traduce en inviable el desarrollo de la actividad de operadores turísticos, ya sea por el inconveniente de soportar el incremento indebido de costos innecesarios como por la imposición de diversos condicionantes. Cuando en realidad, lo correcto y legal es que el Estado concesione todos los ambientes con el criterio de cuenca, directamente a los operadores turísticos para que sean atractivos a la inversión turística, evitando así la monopolización de la oferta que actualmente dispone nuestra pesca deportiva sobre el río Grande. Por otro lado, se habla tanto de las Garantías Jurídicas, ¿de quiénes en este caso? de los empresarios corruptos y amigos del poder ¿O de los empresarios Turísticos o del Pueblo de la provincia que vio cercenada su derecho a participar de tles concesiones?. El citado caso de coto Irigoyen tiene las mismas implicancias, ya que el operador turístico fue quien invirtió y desarrolló el ambiente público para que hoy, el propietario lindero sea graciosamente beneficiado por los Jueces de Cámara. No todos saben que el ¨nuevo dueño¨ de la estancia María Luisa es el archi conocido pseudo empresario Eddie Vargas y ¨sus empresas¨ agrupadas bajo la denominación ¨grupo APEX¨, tampoco son muy conocidas las vinculaciones amistosas entre este señor y la familia Löffler, incluyendo al camarista Ernesto Löffler y algunos funcionarios enrolados en las filas del MPF o del Justicialismo, como tampoco las afinidades deudoras al banco provincial junto al actual vice-gobernador a cargo del Ejecutivo provincial, quienes ostentan el ¨privilegio” de ser los mayores deudores del Fondo Residual. Tampoco debemos quitar la responsabilidad que le cabe al Ejecutivo municipal, por su silencio cómplice para mantener el interés de unos pocos en lugar de proponer y fomentar, desde mucho tiempo atrás, una seria discusión sobre el tema y fomentar el respeto a las leyes vigentes que sin duda alguna, será beneficio de la gran mayoría del pueblo de Río Grande. Así son las cosas querido lector/a, estas nimiedades son determinantes a la hora de impartir Justicia en nuestra provincia, me refiero a las amistades que pugnan por instalar a los amigos en sillones del poder para beneficiarse de una u otra manera, sin olvidar a los funcionarios adictos a dictámenes sectarios ni a Políticos que ganan elecciones con un discurso mentiroso para luego hacer todo lo contrario al interés general. En el caso Irigoyen falta la definición del Superior Tribunal de ¨Justicia¨ provincial, de quienes por obvias razones me reservo opinión previa en este caso, y me remito estimado lector, a la historia reciente del mismo y sus fallos. Mientras en la Legislatura, las prioridades de algunos pocos legisladores continúa siendo la defensa del salario del trabajador estatal entre otros temas de estricto orden público como único norte, y para la mayoría de los legisladores la defensa a ultranza de los privilegios de sus amigos. Pero volviendo a lo que si saben seguramente doña María y Don José, es que con estos Políticos corruptos, cambiar nada de esto es posible; y ahí coincidiremos seguramente en que llego la hora del cambio, eligiendo a nuevos funcionarios honestos y comprometidos con el interés de todos, que no privilegien a sus amigos y que no roben ostentando luego los frutos de sus asaltos con guante blanco. Renasa, recursos forestales en peligro con poca distribución, aguas y espacios públicos con fines turísticos subdesarrolladas y con algunas concesiones a los amigos del poder, minerales de gran valor esperando ser explotados, recursos del mar extraídos descontroladamente por empresas foráneas de los ¨amigos del poder¨ y gran parte de dichos recursos sin aprovechamiento, campos privados que están subexplotados y pagan menos impuesto rural que muchas viviendas de cualquier ciudad fueguina, además de los recursos en efectivo que la ¨Caja del Estado¨, mal distribuye año tras año mediante el presupuesto provincial incrementando la dependencia de los ingresos nacionales y la necesidad de transformar a nuestros funcionarios en perfectos lametrastres del nivel nacional para obtener más recursos dinerarios y florear esto, como un gran logro de la política local. ¿Es esto lo que anhelamos los fueguinos de bien? ¿Seguir votando a víboras que se arrastren mejor para obtener mayores ventajas? ¿o preferimos a funcionarios honestos y capaces que desarrollen una provincia seria, económicamente independiente y con justa distribución de la riqueza? Creo que llegó el tiempo de reflexionar y votar en consecuencia. Nuestra capacidad de elegir será el resultado que beneficie o perjudique a nuestros hijos y nietos. Por Dan Pereira
http://www.botellaalmar.com.ar/detalle_nota.php?Id=8265&tipo=2