AGUA Y RECURSOS NATURALES

Aniversario, balance y compromiso

por Gustavo Calleja

El 23 de abril próximo se cumplen seis años desde que un grupo de ciudadanos, preocupados por la claudicación de las potestades soberanas de la República y la imperiosa necesidad de reparar tal situación y superar la severa crisis socioeconómica vigente, en el convencimiento que la recuperación integral de los bienes energéticos malvendidos constituye uno de los elementos básicos para ello, decidimos dar nacimiento al Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).
Como base de nuestro accionar, en el pleno e irrenunciable convencimiento de que somos los pueblos, y no los empresarios privados, los dueños de los recursos energéticos y quienes determinamos, sin ingerencias externas, su forma de explotación y distribución de las riquezas generadas, decíamos en nuestro Documento Fundacional que:
"La privatización de las grandes empresas energéticas, privó al Estado de las herramientas que nos habían permitido alcanzar un aceptable grado de desarrollo de características solidarias, hoy perdido, y generó la creación de un polo multinacional de poder y captación de riquezas, cuyo accionar, al convertir en ilusoria la independencia política, afecta la vida institucional de la República y perjudica los intereses comunes presentes y futuros de los argentinos".
"En el convencimiento de que la política energética debe constituir una de las bases esenciales de un proceso de desarrollo económico y social que revista las características de ser políticamente independiente, económicamente soberano, geográficamente equilibrado y socialmente equitativo y, que en si misma, debe asegurar para todos el acceso al consumo de los bienes de la energía, en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en el nivel socioeconómico o lugar de residencia y en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economicidad del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente"
"...constituye un imperativo prioritario reincorporar al Patrimonio Estatal a los recursos que pertenecían a las grandes empresas nacionales y provinciales privatizadas, como también preparar un Plan Energético Integral... que establezca la exclusiva administración estatal de los recursos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de aquellos renovables y una concepción estratégica para los no renovables".
En los años transcurridos, trabajando con la mayor seriedad e independencia, hemos sentado posición doctrinaria sobre todos y cada uno de los temas energéticos, en especial sobre aquellos que afectan a nuestro país y a los pueblos hermanos. El InfoMoreno ha cubierto la ausencia de publicaciones, más allá de las generadas por las petroleras, y se ha convertido en una publicación imprescindible para todos los interesados en el tema. La participación de nuestros integrantes en debates y programas de primer nivel, la realización de actos, la participación en emprendimientos con otras instituciones, nos ha colocado en una posición de privilegio dentro del sector energético. Las distinciones que otorgamos son reconocidas. También, sin éxito, hemos ejercido el derecho constitucional de peticionar a las autoridades, como asimismo planteado judicialmente acciones tendientes a recuperar los bienes energéticos nacidos por el aporte de varias generaciones de compatriotas. Nos convertimos en una persona jurídica y con gran esfuerzo adquirimos la sede social. En resumen, nos sentimos satisfechos de la actividad desplegada, que permitió ubicar en un destacado lugar de debate a la problemática de la energía.
Lamentablemente, nuestra predica progresista no ha logrado revertir el continuado avance del proyecto energético neoliberal, pues las leyes y normas que lo regulan han seguido incrementándose, dentro de un creciente proceso de ilicitudes; la aseveración popular que afirma que la derecha es insaciable tiene plena vigencia en la Argentina. Ocurrida la reacción popular y nacional de Bolivia, somos el único país del mundo que sigue considerando a los hidrocarburos como simples mercaderías y que la prestación de los servicios públicos esenciales derivados de la energía tiene como objetivo prioritario la obtención de la rentabilidad empresaria.
Las guerras del petróleo que observamos diariamente, las acciones desestabilizadoras a Venezuela que no reconocen otra causa que sus grandes reservas de hidrocarburos, los éxitos que acompañan a países hermanos -Brasil, por ejemplo- que han copiado el modelo estatal, nacional, racional y centralizado instaurado por Yrigoyen, Alvear y Mosconi, consagrado en el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949 y que hoy constituye un objetivo esencial a reconquistar para volver a ser una Nación soberana, la recuperación exitosa de las potestades políticas y empresariales perdidas por parte de Rusia, la permanente ingerencia de los poderes públicos en sus petroleras privatizadas, como sucede en España y Francia, son hechos significativos ignorados, no solamente por nuestros gobernantes, sino también por la gran mayoría de dirigentes a quienes el pueblo ha estigmatizado despreciativamente como ´clase política´. Con honrosas excepciones, carecen de ideales de futuro y solamente poseen ´barriga de presente´.
Los ´premios´ legislativos a la no inversión en obras de infraestructura y exploración hidrocarburífera resultan inaceptables, no sólo desde una óptica social en un país con millones de pobres y desigualdad social creciente, sino dentro del concepto que en la teoría económica liberal se entiende por riesgo empresario. La transferencia a las provincias del dominio jurisdiccional a través de la llamada Ley Corta es un acto de una irracionalidad política y técnica muy difícil de aceptar, que en el mundo es considerado un dislate mayúsculo. Basta sólo con observar en los medios quiénes son los que manejan los temas hidrocarburíferos en los países más importantes y preguntarse el por qué de la ausencia de los gobernadores de los estados o provincias petroleras; por ejemplo, ¿alguien vio al Gobernador de Texas opinar sobre la política de los EEUU? ¿O en Brasil al Gobernador de Río de Janeiro? Las características del petróleo y el gas los transforman en bienes estratégicos, cuya administración afecta a los intereses vitales de los estados nacionales y está en la órbita exclusiva de sus máximas autoridades políticas. Mal pueden entones estar en manos de gobernadores que son meros gestores de empresarios petroleros. En un mundo con reservas estancadas o en baja, sin grandes descubrimientos desde hace décadas, con consumo creciente, con conflictos presentes y latentes entre los grandes países y los poseedores de las reservas, y donde las naciones sensatas tratan de posicionarse en preservación de su seguridad económica, Argentina sigue confiando en las políticas neoliberales o de mercado.
Además de las leyes citadas en el párrafo inmediato anterior, la administración Kirchner ha emparchado desprolijamente el modelo de mercado. Afirmamos que el espacio energético padece de una crisis de desinversión integral que comprende a todas las áreas que componen los subsectores hidrocarburífero y eléctrico, agravada por el hecho de que otros sectores económicos íntimamente relacionados, como el transporte en especial, atraviesan problemas similares. Día a día, las dificultades se irán acentuando y preludian situaciones difíciles para todos los usuarios; la política oficial tendiente a evitar que la crisis no llegue a los hogares se torna cada vez más complicada. El convencimiento oficialmente oculto de que perderemos nuestro autoabastecimiento de petróleo y de gas, ha originado el único enfoque gubernamental adecuado de la importación desde Bolivia y Venezuela; pero su incompetencia de gestión, en la que se destacan operadores extraños y de dudosa moralidad, parece llevarlos al fracaso.
Tenemos claro que de una crisis de desinversión solamente se sale con una política de sobreinversión, pero el problema está en definir quien se hace cargo de la misma; es decir: a) el Estado Nacional a través de la recuperación de la renta petrolera, lo que supone la adopción de decisiones políticas de envergadura tales como la recuperación de las áreas y el capital social de YPF SA; o b) todos los argentinos mediante el mantenimiento y acrecentamiento en el mercado local de regímenes de precios privilegiados -generalmente relacionados con los valores internacionales de determinados productos, por ejemplo, petroquímicos y fertilizantes- y el otorgamiento de incrementos tarifarios anticipados a la concreción de inversiones, que, con seguridad, las privatizadas eludirán cumplir, pues así lo muestra su historia- o de precios, en el caso de los combustibles en surtidor.
Lejos está de la voluntad del gobierno la recuperación de las empresas privatizadas; por el contrario, tiene intensiones de profundizar legal y constitucionalmente los dislates vigentes, como el de la Ley Corta. La aparición de un nuevo y prebendario empresariado nacional cercano al gobierno es presentada como una argentinización de las distintas empresas: el caso más emblemático es el de YPF SA, donde solamente con importantes sobreutilidades les será posible a los nuevos socios cumplir con sus obligaciones financieras. En otras palabras, no habrá inversiones genuinas, sino una continuación del saqueo, pero esta vez con participación de los nuevos amigos del poder; en el caso de los hidrocarburos, será un asalto de los restos, en base a ilegales prórrogas de contratos hasta el final de las existencias, mantenimiento de las exportaciones y libre disponibilidad del 70 % de las divisas generadas, ausencia de obligaciones de inversión, libre poder de contaminación, descontrol en el pago de impuestos, regalías y canon, mantenimiento de facilidades de exportación, etc.
El panorama descripto es una invitación a la lucha, porque no habrá salida posible para otorgarles a todos los compatriotas la mínima participación económica que les permita una vida digna, sin la cual la democracia está incompleta; hemos comprobado en nuestras peticiones la inutilidad del diálogo, esencial para entender la democracia participativa con su consiguiente exposición racional de argumentos; sólo existe por parte del gobierno la imposición y la idea de que todos los interlocutores son sumisos y sobornables. Su evidente ineptitud le impide aceptar la vigencia de fuertes discensos sujetos a debates racionales. También hemos comprobado, a través de las causas iniciadas, la carencia de independencia o la sumisión de muchos jueces al poder político.
Para enfrentar una situación institucional como la señalada, resultará imprescindible sumar a quienes, desesperanzados, consideran irreversibles las consecuencias del proceso de privatización y desregulación. La continuidad legal no implica la aceptación de los delitos e ilícitos cometidos, sino todo lo contrario; ningún gobierno popular y democrático debe convivir con ilícitos y delitos. Así como el 1º de agosto de 1929 -toma del mercado de los combustibles líquidos y primera etapa en la programada expulsión de los trusts internacionales- Mosconi sostenía que era ilusoria la independencia política sin haber logrado la independencia económica, para nosotros queda incompleto el Nunca Más de los derechos humanos fundamentales, sin el Nunca Más económico.
Por otra parte la historia nos muestra que cuando más grandes han sido nuestros enemigos mejor nos ha ido en las luchas emprendidas. ¿O San Martín no se enfrentó con éxito al Imperio más grande y sangriento de ese momento? ¿O Mosconi no derrotó a los trusts internacionales más poderosos del mundo? ¿O acaso les fue mal a Franklin Delano Roosevelt con su ocupación militar de los yacimientos, a Lázaro Cárdenas en sus expropiaciones, a Arturo Illia en su anulación de contratos, a Hugo Chávez en la recuperación de PDVSA y a Evo Morales con su nacionalización?
Como cuando nacimos, en palabras de Homero Manzi: "no estamos dispuestos a contemplar en sorda calma, ver destruir las cosas que hemos parido con el alma"