Monday, June 25, 2007

 

Yaciretá, crónica de una catástrofe social

Encadenados a las columnas del Palacio de Tribunales de Buenos Aires, diecisiete personas, mayormente de la provincia de Misiones, entraron en el octavo día de huelga de hambre; están acompañadas por otras doscientas que levantan carteles con la leyenda “Maldita EBY”. Víctor Paredes sostiene por horas el cartel que maldice a su pesadilla
Encadenados a las columnas del Palacio de Tribunales de Buenos Aires, diecisiete personas, mayormente de la provincia de Misiones, entraron en el octavo día de huelga de hambre; están acompañadas por otras doscientas que levantan carteles con la leyenda “Maldita EBY”. Aseguran que en esta nueva ocasión la justicia les fallará favorablemente como ya ocurrió en primera y en segunda instancia. “Espero subir a las 13,30 para recibir la sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que accedió la corporación de la mega represa como recurso que le corrija dos fallos anteriores adversos, advierte Héctor Edgardo Falicoff, abogado de mil doscientos afectados por la represa de Yaciretá, parte de los cuales se hallan presentes en las inmediaciones de tribunales y en un galpón del ex ferrocarril Urquiza que les sirve de albergue momentáneo.
“Desde 1999 instalamos la demanda por indemnización conforme al pacto de Perón - Stroessner, esto es, no se puede re-localizar a la gente desplazada por la represa, sin la debida indemnización”, dice el defensor, y agrega, “tampoco se cumplió con la rehabilitación de los re-localizados involuntarios”. Los asambleístas llevan casi diez años de reclamos: “cada categoría de trabajador recibirá el monto fijado por el juez; hay pescadores comerciales y de subsistencia, pequeños, medianos y grandes ladrilleros, el importe a cobrar será según la actividad de cada poblador damnificado. El reclamo se basa en un trabajo serio donde participaron peritos designados por las partes mediante estudios periciales antropológicos. Le tocó al juez Chávez, de primera instancia, designar a los especialistas, empezando por el Dr. Jaume, Rector de la Universidad Nacional de Misiones, experto en ciencias antropológicas y ex decano de la Facultad de Humanidades,” el abogado Falicoff reflexionaba de esa manera, apoyado en los muros de la infausta casa de la justicia ciega.
La niebla sobre Buenos Aires se hace más intensa, alguien les trajo un termo con café intentando mitigar el frío de junio, “pero de aquí no nos vamos sin una respuesta satisfactoria y cuando la Corte nos comunique lo resuelto se leerá en asamblea y se decidirá”. De pronto un cartel interrumpe las palabras de Héctor Falicoff: “EBY = fábrica de pobres” que termina colgado coma tantas otras leyendas de reclamos.
EBY, Entidad Binacional Yaciretá, responsable de una de las mayores desgracias sociales y motivo de la Asamblea Binacional Afectados por Yaciretá. Los mismos manifestantes que a penas una semana antes se movilizaron con los compañeros sanjuaninos apostados ante la Casa de San Juan reclamando por la contaminación y el saqueo de las mineras transnacionales en las cumbres andinas. El paralelismo entre ambos casos es inevitable. Una vez más el agua y el despojo, razón de incertidumbre, éxodos y biodiversidad destruida. Comunidades drásticamente golpeadas por el destierro que deberán soportar miles de kilómetros inundados, pueblos sumergidos bajo represas que generan energía para la mega minería. La crisis energética del país pasa por ahí. Dijimos hasta el hartazgo que cada complejo minero consume cientos de megavatios de energía eléctrica, en tanto el país padece la invasión de casi un centenar de estos faraónicos proyectos extractivos que además enajenan los escasos minerales críticos y estratégicos que quedan en el planeta. Medir la variedad y el volumen del daño imposibilita razonamientos sensatos. Lo que ocurre es cosa de bárbaros. Tanta sinrazón deambula por mi cabeza; para hoy se anuncia una vez más la posibilidad de cortes de energía. Se culpa al frío, al derroche, a infraestructuras inapropiadas de las empresas privadas, pretendiendo ocultar las verdaderas razones de la escasez de generación eléctrica, porque de aquí en más las fuentes de energía en ciernes tienen destino minero, enfilan hacia el saqueo.

Defenderemos el tren como sea
Sobre la Plaza Lavalle se leen carteles en defensa del Tren Especial Argentino. “TEA es el nombre actual del ex ferrocarril Urquiza “, dice Brígido –Coco- Olivera. Es una empresa recuperada, patrimonio histórico y cultural de la región, continúa explicando Olivera, otro de los activos militantes de la Asamblea Binacional Yaciretá. Nuestra estación se inauguró en 1908 y hoy es el tren que nos lleva y nos trae gratis y por eso pudimos venir hasta Buenos Aires. TEA es del empresario Emilio Franchi pero en realidad es una empresa recuperada por el pueblo. La histórica estación fue desmantelada para hacer la costanera –cuenta Olivera- y desalojaron a la gente pagándoles mil pesos miserables. Nosotros queremos recuperar ese patrimonio. Son ramales que entran por Apóstoles hacia Posadas y para todos nosotros es un medio de comunicación vital. El tren recuperado por el pueblo –insiste Olivera- lo defenderemos a muerte, une a Buenos Aires con Misiones y fue reinaugurado en 2003. El tren es un damnificado más, dice, porque las nuevas inundaciones impedirán su recorrido definitivamente”.

Maldita EBY
Víctor Paredes sostiene por horas el cartel que maldice a su pesadilla, “yo creo que el juicio está ganado –cuenta y explica sus tres razones- por antecedentes locales porque en el 94 reconocieron a 90 familias que reubicaron en una hectárea dándoles tres mil dólares de indemnización a cada grupo familiar, pero los afectados somos más de 30.000. Hay un antecedente nacional, la represa de Salto Grande con unos mil quinientos afectados que ganaron el juicio; gobernaba Jorge Rafael Videla -enfatiza este dato. Y finalmente, por antecedentes internacionales porque en Québec, Canadá, veinte mil familias de indios Cree ganaron el juicio contra una represa y hasta recibieron acciones de por vida sobre las utilidades generadas por la hidroeléctrica”, concluye Víctor Paredes, responsable de la Secretaría de la Asociación Civil de Desarraigados y en Defensa del Medio Ambiente. “Nosotros, opina Paredes, exigimos por lo menos lo elemental, queremos que se atiendan los derechos humanos por el abandono, la pobreza endémica, los atropellos permanentes y detenciones que se producen por reclamar respeto.”
Qué lejos se hallaban sus reflexiones de lo que habría de ocurrir minutos después.

Encadenados
El vocero de los encadenados en huelga de hambre es Ramón César Estigarribia maniatado a una de las columnas sostén de la Corte Suprema de Justicia, “ladrillero de siempre”, según él. A su lado, el pescador Luis Alberto Machuca. “Aquí estamos todos juntos, unidos con los hermanos paraguayos, correntinos y guaraníes. Somos más de 1.300 demandantes y la mayoría de Posadas. Casi toda la isla de Yaciretá estaba habitada por pescadores y pequeños ganaderos –dice Estigarribia- también por agricultores y por la comunidad Mbya Guaraní. Nosotros exigimos como prioridad que se contemple la situación de los pueblos originarios de la región como afectados directos, por el desarraigo causado por el embalse y su dramática condición actual. Gente que no sabe qué hacer ni a dónde ir. Fueron unos pocos los que recibieron casas precarias de dos ambientes para doce o quince personas.” Todos los damnificados relatan historias semejantes: viviendas que fueron quemadas en Aguapey por paramilitares, para evitar indemnizaciones que contemplen el valor de las casas, y tildados a su vez de terroristas por impedir obras en el canal de Aguapey. Muchos viven años de intemperie a kilómetros de sus asentamientos inundados y sin el trabajo que habitualmente sabían hacer. Esta cruel diáspora es tal vez la de mayor denigración. Si no te vas, te cubre el agua, no hay defensa posible del lugar, cuando abren el grifo se comienza a llenar la gigantesca palangana, y allí quedarán casas, tierras, salud y futuro. Deberán construir una nueva cultura, solos, con sus hijos, como puedan.

La justicia dijo que no
Los momentos que nadie desea vivir aparecieron de pronto. El abogado Héctor Falicoff bajó desencajado, pálido, enrollando cuatro páginas del dictamen firmado por Laura Monti, procuradora de la fiscalía. Mi charla con Estigarribia se interrumpe, miramos a Falicoff que reproduce borbotones de palabras que ya tenía alejadas de su mente. Cinco policías se ubican como distraídos en el acceso a los tribunales, por las dudas, contemplan la escena con los doscientos manifestantes que se arremolinan en torno al abogado, a los encadenados, a nosotros, que ya habíamos dejado de ser sólo testigos. ¡Qué indignación!
El encadenado Estigarribia no se puede parar, desde el suelo escucha como su compañero le cuenta que la Corporación Puerto Madero, propietaria de EBY, había ganado el litigio. El máximo tribunal hizo lugar a un recurso de la EBY. En el canasto de papeles de la Corte quedaron las dos sentencias anteriores ganadas por los asambleístas. Falicoff repite hasta agotarse que “Yaciretá es ícono de la corrupción”. Esa mañana en tribunales, como no podía ser de otra manera, apareció la injusticia, pero de ninguno de los manifestantes escuché vituperios o palabrotas injuriantes. Sí llantos, porque las lágrimas se contagian y todos aflojamos las tensiones y lloramos. Ahí estaban mujeres y hombres unidos por el llanto. Algún documentalista registró la escena. La prensa de siempre estuvo ausente. Quisimos transmitir fuerza. La que de aquí en adelante se necesita. Grité con ellos: “¡Yaciretá, monumento nacional a la corrupción!” Sobre un tambor metálico dos chicos misioneros golpeaban sin ritmo, en realidad descargan el desanimo, evitan la furia. “Salgamos de aquí, dice Falicoff, esta gente se ríe de nuestro sacrificio -señalando hacia el interior de los tribunales porteños- no vale la pena, quítense las cadenas, volvamos con nuestros hijos pequeños al galpón”. Con los ojos húmedos, la esposa de Coco Olivera abraza a su marido que lee una proclama, en realidad una carta que le enviara días atrás a la Corte Suprema de Justicia.
Lo impredecible para esa gente había ocurrido. La carta del asambleísta era la esperanzada respuesta a un crudo calvario con el que conviven desde hace diez años. Una vez más releo con Falicoff la decisión de la Suprema Corte. Fallaron en contra del pueblo los jueces Elena I. Highton de Nolasco, Ricardo Luis Lorenzetti, Carmen María Argibay y Juan Carlos Maqueda. A favor, E. Raúl Carlos S. Zafaroni y Fayt; el séptimo, Enrique Santiago Petracchi no dio señales de vida en la hoja de la justicia. Abandonados por los medios de difusión, los cuerpos dolidos, cansados, se balanceaban con su destierro e indigencia y decidieron retirarse al galpón que los cobija en Buenos Aires; en los viejos terrenos del ex ferrocarril Urquiza, Federico Lacroce al 4100, los esperaban sus hijos, alejados del frío húmedo de la ciudad capital, sin luz ni calefacción pero por lo menos bajo techo.
“Qué ironía, cuánta injusticia, me dice Falicoff, nuestro expediente había logrado un embargo preventivo de 17 millones de dólares sobre la oficinas que la EBY tiene en Puerto Madero. Ahora estarán contentos,” balbuceó.

¡Ay! Yaciretá
Me alcanzan un pequeño papel. Leo: “el tratado se firmó en 1973 sobre estudios realizados en 1958. Las principales obras se iniciaron en 1983 y concluyeron en 1994. El embalse fue llenado a cota 76 y ahora se lo quiere llevar a cota 86 (otro impacto mayor ecológico y social). Presupuesto inicial 1.500 millones de dólares. Setenta kilómetros de represa. Superficie actual 110.000 hectáreas. Superficie proyectada 166.600 hectáreas. Tierras inundadas: 107.600 hectáreas. Personas afectadas: 100.000. Dinero que realmente se “comieron” las obras de Yaciretá: 13.000 millones de dólares.”

Trece mil millones de dólares, fríamente dicho, documentado y sin respuesta. Investigaciones oficiales afirman que se desconoce el paradero de 1.870 millones de dólares, a pesar de haber sido condenados varios funcionarios del EBY. El embalse desalojó a 40.000 pobladores y muchos de ellos no fueron considerados habitantes de la cuenca: el censo del INDEC de 1990 fue adulterado para reducir las indemnizaciones que debía pagar la Entidad Binacional Yaciretá.

¿Esto es todo? No. Releo el diario de hoy: “El nuevo gobernador de Santa Cruz paga doble aguinaldo a los estatales. Es para tratar de descomprimir la tensa situación social de la provincia del presidente Kirchner”, confiesa el columnista. Una medida acertada antes de las elecciones presidenciales, dirían los asesores, mejor que cualquier pauta publicitaria, habría pensado el propio presidente. Calculando los dos medio aguinaldo del año (130 millones de pesos) la cifra corresponde al 25% de lo que aún reclaman 1200 damnificados de Yaciretá. Pero éstos, después de un calvario de diez años, continúan errantes y con destino incierto.
La Asamblea Binacional de Afectados de Yaciretá se hará presente en el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en Chilecito, La Rioja, los días 6, 7 y 8 de julio del corriente. Los movimientos sociales en conjunto articularán las acciones buscando justicia. www.ecoportal.net

Buenos Aires, 12 de junio de 2007

* Javier Rodríguez PardoMovimiento Antinuclear del Chubut (MACH)-(RENACE) Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)

http://www.ecoportal.net/content/view/full/69986

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