Thursday, May 17, 2007
Desactivar la minería neoliberal en Argentina
Cuando a finales de 1991, el entonces vicepresidente del Banco Mundial Lawrence Summers alentaba “la transferencia de las industrias sucias hacia los países menos desarrollados”, no imaginábamos que se aplicaría tan cerca de nosotros. El mismo organismo internacional prestó a la Argentina u$s 69,5 millones, entre 1996 y 1998 para que el país “reconvirtiera” su sector minero. Por el Legislador Alejandro Sangenis
Allí se empezó a preparar un combo fatal: la expoliación del cofre sellado de las riquezas minerales argentinas por parte de empresas multinacionales y los desastres ecológicos producidos por la minería a cielo abierto. Esa mentada reconversión minera no fue otra cosa que la sanción de leyes nacionales (24.196 y 24.224), que facilitaron la apropiación de las riquezas mineras del país por las grandes corporaciones internacionales. El especialista Nicolás Gutman asegura que “la minería se encuentra protegida por una legislación tan favorable al interés de unas pocas empresas, que no puede ser explicada racionalmente desde un punto de vista económico”. Otro pensador decía que cuando un economista me explica algo y no le entiendo es porque me está robando. Sólo así puede entenderse que los tecnócratas neoliberales de los ’90 hallan diseñado para las empresas mineras, entre otras ventajas: estabilidad fiscal por 30 años, la posibilidad de deducir del cálculo de sus impuestos a las ganancias, el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad del proyecto; exención de aranceles y tasas aduaneras, del impuesto al cheque, a los combustibles y de retención a las exportaciones. Como si fuera poco, en 1999, la Ley 25.161 agregó más incentivos a las compañías mineras permitiéndoles deducir de ese ya ínfimo 3% de regalías que deberían quedar en el país los siguientes gastos: costos de transporte, flete y seguros, los costos de producción, comercialización y administración hasta la entrega del producto logrado. Esto es, se descuentan de lo que deberían dejar de ganancias en el país, hasta las fiestas privadas con champán que hacen en los countries para agasajar a los ejecutivos de las empresas.
Las vaquitas cada vez más ajenas
El bautismo de la Argentina como país minero se produjo hace 10 años con la apertura de la mina Bajo la Alumbrera. En ese momento, el gobierno de Bussi “extendió la alfombra roja” para que Tucumán sea servidumbre de paso y permitir así la construcción del electroducto que afectó el paisaje de la mejor zona turística de la provincia y del mineraloducto, cuya rotura mantiene en vilo a los pobladores de Concepción que rezan para no estar envenenándose con mercurio cada vez que toman agua. Este yacimiento minero había sido donado a la Universidad Nacional de Tucumán por el recordado Abel Peirano, pero tras una década de explotación, la casa de estudios recién recibió el pago de un millón de dólares a fines del año pasado. Para tener una idea de lo que deja la explotación minera al país, se calcula que la recientemente inaugurada mina Veladero (San Juan) producirá 12.000 millones de dólares, de los cuales sólo u$s 70 millones quedarán para la provincia cuyana.
El abanderado del neoliberalismo kirchnerista
En nombre del oro, la plata y otros metales preciosos se exterminó a los pueblos originarios en la época de la conquista. Quinientos años después, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, funcionario de un gobierno nacional autotitulado progresista se comporta como un virrey Sobremonte moderno, facilitando la expoliación de las riquezas naturales del país y, lo que es peor, utiliza los mismos argumentos con el cual la dictadura justificó le terrorismo de Estado. Ofuscado porque la Legislatura tucumana prohibió la explotación minera a cielo abierto y la utilización del cianuro y mercurio, Mayoral no tuvo mejor idea que criticar este ejercicio de autonomía provincial asegurando que detrás de la sanción de esta ley se ocultan “ideologías extrañas”. Precisamente con la frase “ideologías extrañas al sentir nacional”, la última dictadura militar dictó la Ley 21.325, que justificó la represión a los militantes políticos y dio vía libre a la Doctrina de Seguridad Nacional y al Terrorismo de Estado. Esa misma dictadura que asesinó a 30.000 argentinos para imponer el sistema económico neoliberal que llevó a la Argentina a su mayor crisis socio-económica de su historia. En vez de atacar a las autonomías provinciales, Mayoral debería explicar a los argentinos cómo puede ser juez y parte de la actividad minera ya que al mismo tiempo que es el encargado estatal de controlar el sector es accionista de las firmas Micas Argentinas SRL, Millstone SA y Minvail SA, dedicadas a la explotación de canteras y la exploración minera, como denunció la prensa porteña. Quizás, para Mayoral sean extrañas las ideologías de los pueblos originarios que luchan por mantener intactas sus tierras ancestrales del profundo ataque a su hábitat que generan las minerías a cielo abierto. Quizás le resulten extrañas las ideologías de los productores de arándanos, papa, uvas, citrus y cañas de Tucumán que pueden ver arruinadas sus inversiones por la contaminación minera. Es seguro que no entiende la ideología de los habitantes de Concepción que no saben si se están envenenando al tomar el agua que puede haber sido afectada por el derrame del mineraloducto de La Alumbrera. Y con certeza, no comparte la ideología de gran parte de la población civil que le lleva varias décadas de ventaja en conciencia ecológica a sus clases dirigentes
Dr. Alejandro Sangenis
Legislador MP3
Tucumán
http://www.periodismodeverdad.com.ar/noticia.asp?id=3438
Allí se empezó a preparar un combo fatal: la expoliación del cofre sellado de las riquezas minerales argentinas por parte de empresas multinacionales y los desastres ecológicos producidos por la minería a cielo abierto. Esa mentada reconversión minera no fue otra cosa que la sanción de leyes nacionales (24.196 y 24.224), que facilitaron la apropiación de las riquezas mineras del país por las grandes corporaciones internacionales. El especialista Nicolás Gutman asegura que “la minería se encuentra protegida por una legislación tan favorable al interés de unas pocas empresas, que no puede ser explicada racionalmente desde un punto de vista económico”. Otro pensador decía que cuando un economista me explica algo y no le entiendo es porque me está robando. Sólo así puede entenderse que los tecnócratas neoliberales de los ’90 hallan diseñado para las empresas mineras, entre otras ventajas: estabilidad fiscal por 30 años, la posibilidad de deducir del cálculo de sus impuestos a las ganancias, el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad del proyecto; exención de aranceles y tasas aduaneras, del impuesto al cheque, a los combustibles y de retención a las exportaciones. Como si fuera poco, en 1999, la Ley 25.161 agregó más incentivos a las compañías mineras permitiéndoles deducir de ese ya ínfimo 3% de regalías que deberían quedar en el país los siguientes gastos: costos de transporte, flete y seguros, los costos de producción, comercialización y administración hasta la entrega del producto logrado. Esto es, se descuentan de lo que deberían dejar de ganancias en el país, hasta las fiestas privadas con champán que hacen en los countries para agasajar a los ejecutivos de las empresas.
Las vaquitas cada vez más ajenas
El bautismo de la Argentina como país minero se produjo hace 10 años con la apertura de la mina Bajo la Alumbrera. En ese momento, el gobierno de Bussi “extendió la alfombra roja” para que Tucumán sea servidumbre de paso y permitir así la construcción del electroducto que afectó el paisaje de la mejor zona turística de la provincia y del mineraloducto, cuya rotura mantiene en vilo a los pobladores de Concepción que rezan para no estar envenenándose con mercurio cada vez que toman agua. Este yacimiento minero había sido donado a la Universidad Nacional de Tucumán por el recordado Abel Peirano, pero tras una década de explotación, la casa de estudios recién recibió el pago de un millón de dólares a fines del año pasado. Para tener una idea de lo que deja la explotación minera al país, se calcula que la recientemente inaugurada mina Veladero (San Juan) producirá 12.000 millones de dólares, de los cuales sólo u$s 70 millones quedarán para la provincia cuyana.
El abanderado del neoliberalismo kirchnerista
En nombre del oro, la plata y otros metales preciosos se exterminó a los pueblos originarios en la época de la conquista. Quinientos años después, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, funcionario de un gobierno nacional autotitulado progresista se comporta como un virrey Sobremonte moderno, facilitando la expoliación de las riquezas naturales del país y, lo que es peor, utiliza los mismos argumentos con el cual la dictadura justificó le terrorismo de Estado. Ofuscado porque la Legislatura tucumana prohibió la explotación minera a cielo abierto y la utilización del cianuro y mercurio, Mayoral no tuvo mejor idea que criticar este ejercicio de autonomía provincial asegurando que detrás de la sanción de esta ley se ocultan “ideologías extrañas”. Precisamente con la frase “ideologías extrañas al sentir nacional”, la última dictadura militar dictó la Ley 21.325, que justificó la represión a los militantes políticos y dio vía libre a la Doctrina de Seguridad Nacional y al Terrorismo de Estado. Esa misma dictadura que asesinó a 30.000 argentinos para imponer el sistema económico neoliberal que llevó a la Argentina a su mayor crisis socio-económica de su historia. En vez de atacar a las autonomías provinciales, Mayoral debería explicar a los argentinos cómo puede ser juez y parte de la actividad minera ya que al mismo tiempo que es el encargado estatal de controlar el sector es accionista de las firmas Micas Argentinas SRL, Millstone SA y Minvail SA, dedicadas a la explotación de canteras y la exploración minera, como denunció la prensa porteña. Quizás, para Mayoral sean extrañas las ideologías de los pueblos originarios que luchan por mantener intactas sus tierras ancestrales del profundo ataque a su hábitat que generan las minerías a cielo abierto. Quizás le resulten extrañas las ideologías de los productores de arándanos, papa, uvas, citrus y cañas de Tucumán que pueden ver arruinadas sus inversiones por la contaminación minera. Es seguro que no entiende la ideología de los habitantes de Concepción que no saben si se están envenenando al tomar el agua que puede haber sido afectada por el derrame del mineraloducto de La Alumbrera. Y con certeza, no comparte la ideología de gran parte de la población civil que le lleva varias décadas de ventaja en conciencia ecológica a sus clases dirigentes
Dr. Alejandro Sangenis
Legislador MP3
Tucumán
http://www.periodismodeverdad.com.ar/noticia.asp?id=3438
# posted by Area de Geo UNLP @ 9:03 AM 
